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  • “Desviaron la comida de los pobres”: estalla el escándalo de los alimentos en Entre Ríos. La dirigente social Tamara Beráles (MTE–UTEP) denunció una situación de extrema gravedad en Entre Ríos: alimentos destinados a comedores y merenderos fueron desviados a fundaciones y domicilios particulares, mientras existe una causa judicial con allanamientos en curso. Según explicó, las organizaciones se enteraron cuando la investigación ya estaba iniciada y confirmó que se trata de alimentos del Ministerio de Capital Humano que debían llegar a los sectores más vulnerables. “Claramente eran para la asistencia de los espacios que sostenemos en todo el territorio. Es muy grave.” Beráles recordó que el Gobierno provincial no prorrogó la Ley de Emergencia Alimentaria ni creó una nueva, a pesar de que la crisis social continúa. “Estamos todavía en una emergencia alimentaria. La comida no es una asistencia, es un derecho básico para quienes hoy no tienen trabajo formal y no llegan a fin de mes.” La dirigente también cuestionó que no haya una ley de soberanía o seguridad alimentaria, y que solo se haya avanzado en la institucionalización de la Mesa de Diálogo Social, que hoy no funciona. “La mesa está en la ley, pero no se convoca. Eso no garantiza la transparencia de los alimentos.” El reclamo incluye un pedido concreto: un informe institucional que detalle cómo fue la compra, la entrega y la distribución de alimentos durante todo 2025, algo que hasta ahora el Gobierno no respondió. “No quieren ser claros ni dar detalles.” Sobre la logística, describió una situación desigual: “A nosotros nos hacen ir a buscar la comida a los galpones del Ejército y pagar fletes de 70 mil pesos, pero sí tienen logística para llevar alimentos a fundaciones y domicilios particulares.” También confirmó que hubo faltantes en los comedores, mientras el Gobierno sometía a las organizaciones a auditorías. “Nos controlaban diciendo que no existíamos y que hacíamos curro, pero después quedó claro que nuestros espacios y nuestras compañeras sí existen y trabajan por 78 mil pesos.” Además denunció que el Estado solo tiene planillas de Excel como registro, a pesar de que las organizaciones presentaron listados detallados de porciones, personas y días de asistencia. “Eso no es suficiente.” El impacto del presunto desvío es enorme: “Solo desde la UTEP hay 50 comedores y merenderos, y en Paraná hay más de 150.” También apuntó a la desigualdad territorial: “En Concordia, una de las ciudades más pobres del país, los alimentos no llegan.” Finalmente, confirmó que pidieron una reunión extraordinaria de la Mesa de Diálogo Social, además de las reuniones mensuales que fija la ley, pero no hubo respuesta. “No tenemos novedades sobre cómo va a ser la distribución de alimentos en este enero 2026.” El cierre resume la gravedad del conflicto: “No es ni más ni menos que la comida de las personas que no tienen otra cosa.”

  • Paraná pondrá en marcha el estacionamiento medido digital en 2026 y prohíbe a los “trapitos” pedir dinero en la vía pública. El Concejo Deliberante de Paraná aprobó en diciembre la ordenanza marco que habilita la puesta en marcha del nuevo sistema de estacionamiento medido, una de las herramientas centrales del esquema de ordenamiento vial y urbano que impulsa la gestión municipal y que comenzará a aplicarse durante 2026. Así lo explicó el concejal Fernando Quinodóz, quien remarcó que la norma no fija todavía un esquema cerrado sino que le da al Ejecutivo municipal las herramientas para implementar el sistema. “Es una ordenanza marco. Durante este año el Ejecutivo va a definir cómo se va a prestar el servicio, si lo va a hacer el municipio o si se va a licitar para que lo haga una empresa”, sostuvo. Señaló que el objetivo es dejar atrás el sistema de tarjetas físicas y avanzar hacia un esquema más ágil, basado en aplicaciones digitales. “Hoy vos comprás la tarjeta, la dejás en el parabrisas y si se te vence tenés que salir a comprar otra. Con el nuevo sistema, si estás en el médico y se te pasó la hora, prorrogás desde el celular y se debita”, explicó. El control también será digital, a través del registro de patentes. “La persona que controla no tiene que pedirle el celular a nadie. Con una aplicación se chequea la patente y, si no tiene pago, se le da aviso al inspector para que labre el acta”, detalló. El concejal remarcó que existe un compromiso político con quienes hoy trabajan como tarjeteros. “No hay que confundir al tarjetero con el cuidacoches o el trapito. El tarjetero es el que vende la tarjeta y le rinde a la Municipalidad”, aclaró. Y agregó que, con el nuevo sistema, no desaparecerán sino que podrán cumplir nuevas funciones. “No van a vender más tarjetas porque el sistema tiende a modernizarse, pero se abre la posibilidad de que hagan tareas de control, mantenimiento de dársenas, pintura y otras funciones”, señaló. Uno de los cambios más fuertes de la ordenanza es que queda prohibido pedir dinero en la vía pública para cuidar, lavar o permitir estacionar un vehículo. “El artículo 12 lo establece como contravención. Antes la policía no podía hacer nada porque no era delito ni falta. Ahora sí”. Esto apunta directamente a la problemática de los cuidacoches y hechos de violencia que se registraron en distintos puntos de la ciudad. La ordenanza fija un mínimo de 1.000 dársenas de estacionamiento medido, con posibilidad de ampliación. “Pueden ser mil, mil uno o dos mil. Las zonas y los valores los va a definir el Ejecutivo cuando dicte el decreto de implementación”, explicó. También se habilita la tarifa diferenciada por zonas y horarios. Quinodóz evitó dar fechas cerradas, pero confirmó que el sistema comenzará a funcionar en 2026. “Primero hay que hacer el pliego, llamar a licitación, adjudicar y dar tiempo a que la empresa arme el sistema. Por eso no hay que poner una fecha que después no se pueda cumplir”, indicó. El concejal recordó que, además del estacionamiento medido, el Concejo seguirá trabajando sobre temas clave como: Transporte urbano, Código de Justicia de Faltas, Presupuesto y tributaria, Servicios y obras, especialmente agua potable “La sesión es solo una parte del trabajo legislativo. La mayor parte es la elaboración de proyectos y el trabajo en comisiones”, subrayó. La primera sesión ordinaria será el 1° de marzo, aunque el Concejo continúa trabajando durante el verano.

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