«Las universidades pueden dejar de funcionar». «No tienen para luz, gas, programas de extensión y demás compromisos». «El FONID fue ley en 1998 por reclamo masivo de los salarios docentes». «Por la historia y necesidad objetiva es indispensable restituirlo», (audio Blanca Osuna Diputada Nacional). – GPS COMUNICACIÓN

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«Las universidades pueden dejar de funcionar». «No tienen para luz, gas, programas de extensión y demás compromisos». «El FONID fue ley en 1998 por reclamo masivo de los salarios docentes». «Por la historia y necesidad objetiva es indispensable restituirlo», (audio Blanca Osuna Diputada Nacional).

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22 de abril de 2024

1–2 minutos

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NACIONALES

Reforma laboral: FATPREN alerta por un “ataque camuflado” al Estatuto del Periodista y a los medios públicos. En diálogo con GPS, la secretaria general de, Carla Gaudensi, advirtió que el proyecto de “reforma laboral” impulsado por el Gobierno nacional incluye, “casi camuflado” bajo el concepto de “modernización”, un punto que plantea derogar la Ley 12.908, conocida como Estatuto del Periodista Profesional. Sostuvo que la iniciativa “lejos está de ser una modernización” y que, en términos generales, “lo único que viene a implementar son cuestiones regresivas” en materia de derechos laborales. En ese marco, explicó que el estatuto cumple una función central: brindar una protección especial a quienes ejercen el periodismo, no como “defensa corporativa”, sino como garantía vinculada a la libertad de expresión y al derecho humano a la información. Según remarcó, esa protección existe para evitar que “un empresario de medios” pueda condicionar las condiciones laborales de un periodista por su “línea de pensamiento”, y para reducir el riesgo de presiones, represalias o persecuciones cuando se investiga o se incomoda a sectores de poder económico y político. “Derogarlo sería retroceder décadas en acuerdos democráticos”, advirtió. La dirigente sindical reconoció que hay aspectos del estatuto que hoy “no se aplican tal cual”, pero insistió en que la salida no puede ser eliminarlo: “En tal caso, deberíamos discutir realmente qué se cumple y qué no. Pero no derogarlo para que no haya ningún tipo de protección”, planteó, y subrayó que quitar ese “piso de derechos” deja a los trabajadores “totalmente desamparados”. Gaudensi anticipó que FATPREN y los sindicatos de base en todo el país ya trabajan para reunirse con senadores y senadoras, con el objetivo de frenar la derogación del estatuto y cuestionar el conjunto de la reforma. Además, señaló que en el mismo artículo donde aparece la mención al estatuto también se incluye un punto que impacta sobre gravámenes vinculados a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, recursos que —según describió— sostienen a medios públicos, comunitarios y a la cultura, y cuya eliminación “beneficiaría a los medios más concentrados” en detrimento de la “pluralidad de voces” y el financiamiento federal. En ese tramo, marcó también una objeción procedimental: indicó que una modificación impositiva “no podría haber entrado por el Senado” y que debería haberse iniciado en Diputados, por lo que habló de un “error grave” en el tratamiento “exprés” del proyecto. Consultada por la situación salarial, la titular de FATPREN afirmó que prensa está entre las actividades con “peores realidades” y describió que hoy muchos trabajadores “cobran bajo la línea de la pobreza” y necesitan pluriempleo para subsistir. También cuestionó el rol de la Secretaría de Trabajo, a la que acusó de ubicarse “del lado de los empresarios”, y advirtió que la pérdida de derechos laborales “precariza” no solo el trabajo, sino también “la calidad del debate público y democrático”.

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$Reforma laboral, salarios pulverizados y despidos: el ajuste que avanza en Entre Ríos. En diálogo con GPS por El Once, el secretario general de ATE Entre Ríos, Óscar Muntes, advirtió que la provincia y el país atraviesan “el ajuste más profundo de los últimos años”, sostenido sobre tres pilares: reforma laboral, salarios pulverizados y pérdida de puestos de trabajo. ATE Entre Ríos volvió a encender las alarmas ante un escenario que califican como el ajuste más profundo de los últimos años, marcado por tres ejes: reforma laboral, salarios pulverizados y pérdida de puestos de trabajo. Muntes explicó que la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional implica un retroceso directo: vacaciones fraccionadas, menos indemnización, banco de horas manejado por la patronal, desaparición de la paritaria general y debilitamiento de los sindicatos. “Todo está pensado para que el trabajador negocie solo y en desventaja”, planteó. En paralelo, la realidad provincial no ofrece alivio. Los salarios estatales llevan cinco meses congelados, ya se perdió más de 26 puntos del poder adquisitivo y el gremio proyecta una caída total de 31 puntos hacia febrero de 2026. El Gobierno confirmó que no convocará a paritarias hasta ese mes, lo que significa ocho meses de salario planchado. A eso se suma la incertidumbre por la situación contractual: el 31 de diciembre vencen numerosos contratos y ya hubo bajas en organismos como ATER, donde —según el gremio— se vive una “caza de brujas” que afecta a trabajadores con años de experiencia solo por haber ingresado en gestiones anteriores. Para Muntes, el ajuste provincial no es aislado: reducción de horas extras, eliminación de contratos, salario deteriorado y ausencia de paritaria forman parte de un mismo esquema. El otro capítulo en marcha es la reforma previsional. El presidente de la Caja de Jubilaciones confirmó que el proyecto está avanzado en un 80%, y los sindicatos ya pidieron una reunión para conocer su contenido. ATE anticipa “un debate muy profundo” porque lo que está en juego son las reglas de retiro de toda la administración pública. En síntesis, el gremio sostiene que el ajuste avanza por todos los frentes —laboral, salarial, contractual y previsional—, y que si se consolida “la pérdida de derechos será estructural”.$

PROVINCIALES

Reforma laboral, salarios pulverizados y despidos: el ajuste que avanza en Entre Ríos. En diálogo con GPS por El Once, el secretario general de ATE Entre Ríos, Óscar Muntes, advirtió que la provincia y el país atraviesan “el ajuste más profundo de los últimos años”, sostenido sobre tres pilares: reforma laboral, salarios pulverizados y pérdida de puestos de trabajo. ATE Entre Ríos volvió a encender las alarmas ante un escenario que califican como el ajuste más profundo de los últimos años, marcado por tres ejes: reforma laboral, salarios pulverizados y pérdida de puestos de trabajo. Muntes explicó que la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional implica un retroceso directo: vacaciones fraccionadas, menos indemnización, banco de horas manejado por la patronal, desaparición de la paritaria general y debilitamiento de los sindicatos. “Todo está pensado para que el trabajador negocie solo y en desventaja”, planteó. En paralelo, la realidad provincial no ofrece alivio. Los salarios estatales llevan cinco meses congelados, ya se perdió más de 26 puntos del poder adquisitivo y el gremio proyecta una caída total de 31 puntos hacia febrero de 2026. El Gobierno confirmó que no convocará a paritarias hasta ese mes, lo que significa ocho meses de salario planchado. A eso se suma la incertidumbre por la situación contractual: el 31 de diciembre vencen numerosos contratos y ya hubo bajas en organismos como ATER, donde —según el gremio— se vive una “caza de brujas” que afecta a trabajadores con años de experiencia solo por haber ingresado en gestiones anteriores. Para Muntes, el ajuste provincial no es aislado: reducción de horas extras, eliminación de contratos, salario deteriorado y ausencia de paritaria forman parte de un mismo esquema. El otro capítulo en marcha es la reforma previsional. El presidente de la Caja de Jubilaciones confirmó que el proyecto está avanzado en un 80%, y los sindicatos ya pidieron una reunión para conocer su contenido. ATE anticipa “un debate muy profundo” porque lo que está en juego son las reglas de retiro de toda la administración pública. En síntesis, el gremio sostiene que el ajuste avanza por todos los frentes —laboral, salarial, contractual y previsional—, y que si se consolida “la pérdida de derechos será estructural”.

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LOCALES

“El 7 de diciembre comienza un cambio rotundo en el transporte público de Paraná”. Luisina Minni presidenta del bloque de concejales de Paraná aseguró que el 7 de diciembre marca un cambio rotundo en el transporte público de Paraná. Describió la llegada de la empresa San José como “emocionante”, destacando las unidades nuevas, el aire acondicionado y la comodidad que, según dijo, “van a impactar directamente de manera positiva en los usuarios”. Remarcó que hubo pruebas previas de recorridos y que ningún barrio quedará sin cobertura, aunque reconoció que habrá ajustes según las necesidades que surjan. Sobre el final de Buses Paraná, Minni recordó que Rosario Romero cumplió su promesa de campaña de no renovarles la concesión, porque la empresa “perdió credibilidad” y dejó a muchos usuarios sin llegar a trabajos o escuelas. Subrayó que el municipio no podía sostener “un servicio tan deficiente”. Consultada por la continuidad laboral de los choferes, explicó que el municipio no puede obligar a la empresa entrante a tomar al personal de la empresa saliente porque se trata de relaciones reguladas por el convenio colectivo y la legislación laboral. Aun así, señaló que San José incorporó a varios conductores de la empresa anterior. En cuanto al nuevo sistema de estacionamiento medido, afirmó que será “totalmente digital” y que forma parte de un plan integral de movilidad. Confirmó que habrá franquicias para vecinos y usuarios que necesiten detenerse algunos minutos, y que el objetivo principal es ordenar el tránsito y acompañar el cambio de lógica del paranaense respecto al uso del auto. También destacó el proceso de designación del nuevo Defensor del Pueblo, con audiencias los días 11 y 12 de diciembre y votación prevista para el 18. Señaló que hubo muchos inscriptos y que la figura ganó relevancia en los últimos años. Finalmente, puso en valor que la empresa San José incorporó cinco mujeres conductoras, algo que la emocionó especialmente. Dijo que este avance, sumado a las nuevas unidades y al nuevo sistema de transporte, forma parte de una ciudad “que empieza a cambiar y ordenarse”.

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$Albisu habló tras la denuncia: acusó actitud “tendenciosa”, defendió el servicio y confirmó que el 6 de diciembre ERSA deja Paraná. El director de ERSA – Buses Paraná, se refirió a la denuncia penal presentada por la Municipalidad por presunto entorpecimiento del sistema de monitoreo del transporte urbano. Dijo que lo primero que le generó fue sorpresa, porque la denuncia se hizo “sin consultar cuál era el problema” y sostuvo que lo ocurrido no fue un sabotaje sino una actualización de software de EFISAT, la empresa que registra los movimientos de las unidades. Aseguró que el servicio nunca estuvo caído y que hubo una doble postura del municipio: “Mientras el secretario legal denunciaba, el subsecretario decía que la prestación era normal”. “Esa contradicción demuestra una actitud “tendenciosa y compleja” en plena transición del sistema y en vísperas del cambio de empresa que comenzará a operar desde el 7 de diciembre. El director también respondió a la versión que afirmaba que se usaron unidades para trasladar jóvenes alcoholizados. Fue enfático: “No hay pruebas, no existe un acta, no hay infracción. Me sorprende que se instale algo así sin fundamentos”. Explicó que la empresa realiza traslados privados porque “los colectivos son nuestros y pueden alquilarse”, y que el caso mencionado correspondía a un viaje contratado para una fiesta de fin de curso, tal como ocurre todos los años. Sobre la licitación del nuevo servicio, confirmó que Buses Paraná se retiró del proceso por falta de garantías y porque “ni siquiera respondieron la impugnación presentada”. Dijo que la adjudicación parecía encaminada desde el inicio y por eso prefirieron no continuar opinando. En cuanto al futuro del personal, aclaró que no corresponde romper la relación laboral de los choferes, sino garantizar su continuidad con la nueva concesión: “El que se va es el concesionario, no el servicio. La Ley de Contrato de Trabajo tiene prelación sobre cualquier ordenanza”. Señaló que ERSA ha operado en distintas provincias y siempre se aplicó el principio de traspaso del personal, y que ese criterio debería repetirse ahora en Paraná. Finalmente, confirmó el día final de operación: “El 6 de diciembre termina nuestro contrato. A partir del 7 deberán decirnos quién sigue prestando el servicio. Como empresa ya no tendremos nada que hacer en Paraná.”$

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Albisu habló tras la denuncia: acusó actitud “tendenciosa”, defendió el servicio y confirmó que el 6 de diciembre ERSA deja Paraná. El director de ERSA – Buses Paraná, se refirió a la denuncia penal presentada por la Municipalidad por presunto entorpecimiento del sistema de monitoreo del transporte urbano. Dijo que lo primero que le generó fue sorpresa, porque la denuncia se hizo “sin consultar cuál era el problema” y sostuvo que lo ocurrido no fue un sabotaje sino una actualización de software de EFISAT, la empresa que registra los movimientos de las unidades. Aseguró que el servicio nunca estuvo caído y que hubo una doble postura del municipio: “Mientras el secretario legal denunciaba, el subsecretario decía que la prestación era normal”. “Esa contradicción demuestra una actitud “tendenciosa y compleja” en plena transición del sistema y en vísperas del cambio de empresa que comenzará a operar desde el 7 de diciembre. El director también respondió a la versión que afirmaba que se usaron unidades para trasladar jóvenes alcoholizados. Fue enfático: “No hay pruebas, no existe un acta, no hay infracción. Me sorprende que se instale algo así sin fundamentos”. Explicó que la empresa realiza traslados privados porque “los colectivos son nuestros y pueden alquilarse”, y que el caso mencionado correspondía a un viaje contratado para una fiesta de fin de curso, tal como ocurre todos los años. Sobre la licitación del nuevo servicio, confirmó que Buses Paraná se retiró del proceso por falta de garantías y porque “ni siquiera respondieron la impugnación presentada”. Dijo que la adjudicación parecía encaminada desde el inicio y por eso prefirieron no continuar opinando. En cuanto al futuro del personal, aclaró que no corresponde romper la relación laboral de los choferes, sino garantizar su continuidad con la nueva concesión: “El que se va es el concesionario, no el servicio. La Ley de Contrato de Trabajo tiene prelación sobre cualquier ordenanza”. Señaló que ERSA ha operado en distintas provincias y siempre se aplicó el principio de traspaso del personal, y que ese criterio debería repetirse ahora en Paraná. Finalmente, confirmó el día final de operación: “El 6 de diciembre termina nuestro contrato. A partir del 7 deberán decirnos quién sigue prestando el servicio. Como empresa ya no tendremos nada que hacer en Paraná.”

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