Alimentos en Entre Ríos: «Se distribuyeron 35 mil módulos alimentarios», dijo Ricardo Vales, secretario de Articulaciones de Políticas Sociales. Sobre la ley de emergencia alimentaria contó que «todavía no realizamos la primer compra pero iniciamos el proceso de módulos por 250 millones», «hay 1.400 comedores comunitarios en la provincia». (audio) – GPS COMUNICACIÓN

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Alimentos en Entre Ríos: «Se distribuyeron 35 mil módulos alimentarios», dijo Ricardo Vales, secretario de Articulaciones de Políticas Sociales. Sobre la ley de emergencia alimentaria contó que «todavía no realizamos la primer compra pero iniciamos el proceso de módulos por 250 millones», «hay 1.400 comedores comunitarios en la provincia». (audio)

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4 de junio de 2024

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LOCALES

Rosario Romero destacó la Fiesta del Mate, la agenda de verano, las obras y el rumbo de la gestión en Paraná. La intendenta, brindó un amplio repaso de la gestión municipal en la previa de la Fiesta Nacional del Mate, que se desarrollará este fin de semana en Paraná y para la cual se espera una concurrencia cercana a 180 mil personas durante las dos jornadas. Resaltó el carácter cultural y familiar del evento, la calidad de la grilla artística, la participación del Ensamble Paranaense, los finalistas de los Premate y las actividades paralelas como el concurso de cebadores en Sala Mayo. También subrayó el impacto turístico y económico, con alta ocupación hotelera, llegada de casas rodantes y movimiento en restaurantes, clubes y comercios. En ese marco, destacó el rol de 44 clubes deportivos, que estarán a cargo de los puestos gastronómicos bajo un esquema que permite que las ganancias queden en las instituciones, con precios acordados para cuidar el bolsillo del público. La intendenta valoró además la agenda de verano, con eventos masivos como la Fiesta de la Playa, Música en el Anfiteatro y actividades en espacios públicos, y remarcó el potencial del río como eje recreativo, deportivo y turístico, tanto en el Balneario Municipal como en el Thompson. En materia de gestión, señaló que el Municipio destina más del 20% del presupuesto a obra pública, con avances en accesos a la ciudad, saneamiento de arroyos, pavimentación barrial, ampliación de la red de agua, iluminación LED, parque solar y mejoras en el transporte urbano, que definió como un “salto de calidad” para los usuarios. Finalmente, hizo hincapié en el cuidado del ambiente y del espacio público durante los eventos masivos, destacó el uso del vaso ecológico y el trabajo del personal municipal, y llamó a la responsabilidad ciudadana para mantener una ciudad limpia y ordenada.

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“Desviaron la comida de los pobres”: estalla el escándalo de los alimentos en Entre Ríos. La dirigente social Tamara Beráles (MTE–UTEP) denunció una situación de extrema gravedad en Entre Ríos: alimentos destinados a comedores y merenderos fueron desviados a fundaciones y domicilios particulares, mientras existe una causa judicial con allanamientos en curso. Según explicó, las organizaciones se enteraron cuando la investigación ya estaba iniciada y confirmó que se trata de alimentos del Ministerio de Capital Humano que debían llegar a los sectores más vulnerables. “Claramente eran para la asistencia de los espacios que sostenemos en todo el territorio. Es muy grave.” Beráles recordó que el Gobierno provincial no prorrogó la Ley de Emergencia Alimentaria ni creó una nueva, a pesar de que la crisis social continúa. “Estamos todavía en una emergencia alimentaria. La comida no es una asistencia, es un derecho básico para quienes hoy no tienen trabajo formal y no llegan a fin de mes.” La dirigente también cuestionó que no haya una ley de soberanía o seguridad alimentaria, y que solo se haya avanzado en la institucionalización de la Mesa de Diálogo Social, que hoy no funciona. “La mesa está en la ley, pero no se convoca. Eso no garantiza la transparencia de los alimentos.” El reclamo incluye un pedido concreto: un informe institucional que detalle cómo fue la compra, la entrega y la distribución de alimentos durante todo 2025, algo que hasta ahora el Gobierno no respondió. “No quieren ser claros ni dar detalles.” Sobre la logística, describió una situación desigual: “A nosotros nos hacen ir a buscar la comida a los galpones del Ejército y pagar fletes de 70 mil pesos, pero sí tienen logística para llevar alimentos a fundaciones y domicilios particulares.” También confirmó que hubo faltantes en los comedores, mientras el Gobierno sometía a las organizaciones a auditorías. “Nos controlaban diciendo que no existíamos y que hacíamos curro, pero después quedó claro que nuestros espacios y nuestras compañeras sí existen y trabajan por 78 mil pesos.” Además denunció que el Estado solo tiene planillas de Excel como registro, a pesar de que las organizaciones presentaron listados detallados de porciones, personas y días de asistencia. “Eso no es suficiente.” El impacto del presunto desvío es enorme: “Solo desde la UTEP hay 50 comedores y merenderos, y en Paraná hay más de 150.” También apuntó a la desigualdad territorial: “En Concordia, una de las ciudades más pobres del país, los alimentos no llegan.” Finalmente, confirmó que pidieron una reunión extraordinaria de la Mesa de Diálogo Social, además de las reuniones mensuales que fija la ley, pero no hubo respuesta. “No tenemos novedades sobre cómo va a ser la distribución de alimentos en este enero 2026.” El cierre resume la gravedad del conflicto: “No es ni más ni menos que la comida de las personas que no tienen otra cosa.”

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NACIONALES

Industriales pymes alertan que el rumbo del Gobierno puede cerrar el 20% de las fábricas. Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos hablo con “GPS” y nos comento que la industria PYME atraviesa uno de los momentos más críticos de las últimas décadas y el Gobierno nacional, lejos de ofrecer respuestas, avanza sin medidas concretas que sostengan la producción y el empleo. Alertó que el acuerdo Mercosur–Unión Europea, en las condiciones actuales, podría provocar el cierre de hasta el 20% de las fábricas. “No estamos en contra del acuerdo, pero hoy la Argentina no está en condiciones de competir. En este escenario no vamos a ser socios, vamos a ser clientes”. La advertencia llega en un contexto marcado por una recesión profunda, donde ya cerraron más de 22.000 empresas y se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo formales en apenas dos años. El dirigente PYME puso el foco en la falta absoluta de política industrial. Señaló que las empresas argentinas enfrentan tasas de interés del 50%, costos energéticos elevados, una fuerte presión impositiva y costos laborales indirectos que las dejan en desventaja total frente a competidores internacionales que acceden a financiamiento al 2% o 4%. “Así no se puede competir”, remarcó. Además, denunció una competencia desleal por el ingreso de productos importados —principalmente de China— a precios de dumping y sin controles de calidad, sanitarios ni normativos, mientras que a la industria nacional se le exige cumplir estándares cada vez más altos. Sectores como el textil, calzado, bienes de capital y parte del entramado automotriz ya operan con niveles críticos de capacidad instalada. También cuestionó el rumbo económico del Gobierno: “Todo indica que se busca un país de servicios, pero la Argentina es y fue un país industrial. La industria es un patrimonio que hay que cuidar”. Recordó que durante la pandemia fue el entramado industrial el que permitió garantizar producción y abastecimiento. El cierre del diagnóstico fue una advertencia política directa: sin una mesa urgente de diálogo, sin reglas de equidad y sin medidas que bajen los costos de producir, la apertura comercial puede acelerar un proceso de desindustrialización que deje a la Argentina relegada en la disputa entre grandes potencias, con un mercado interno cada vez más chico y más pobreza estructural. “Las pymes no piden cerrar fronteras. Piden igualdad para competir. Hoy esa igualdad no existe y el Gobierno mira para otro lado”, concluyó.

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LOCALES

Paraná pondrá en marcha el estacionamiento medido digital en 2026 y prohíbe a los “trapitos” pedir dinero en la vía pública. El Concejo Deliberante de Paraná aprobó en diciembre la ordenanza marco que habilita la puesta en marcha del nuevo sistema de estacionamiento medido, una de las herramientas centrales del esquema de ordenamiento vial y urbano que impulsa la gestión municipal y que comenzará a aplicarse durante 2026. Así lo explicó el concejal Fernando Quinodóz, quien remarcó que la norma no fija todavía un esquema cerrado sino que le da al Ejecutivo municipal las herramientas para implementar el sistema. “Es una ordenanza marco. Durante este año el Ejecutivo va a definir cómo se va a prestar el servicio, si lo va a hacer el municipio o si se va a licitar para que lo haga una empresa”, sostuvo. Señaló que el objetivo es dejar atrás el sistema de tarjetas físicas y avanzar hacia un esquema más ágil, basado en aplicaciones digitales. “Hoy vos comprás la tarjeta, la dejás en el parabrisas y si se te vence tenés que salir a comprar otra. Con el nuevo sistema, si estás en el médico y se te pasó la hora, prorrogás desde el celular y se debita”, explicó. El control también será digital, a través del registro de patentes. “La persona que controla no tiene que pedirle el celular a nadie. Con una aplicación se chequea la patente y, si no tiene pago, se le da aviso al inspector para que labre el acta”, detalló. El concejal remarcó que existe un compromiso político con quienes hoy trabajan como tarjeteros. “No hay que confundir al tarjetero con el cuidacoches o el trapito. El tarjetero es el que vende la tarjeta y le rinde a la Municipalidad”, aclaró. Y agregó que, con el nuevo sistema, no desaparecerán sino que podrán cumplir nuevas funciones. “No van a vender más tarjetas porque el sistema tiende a modernizarse, pero se abre la posibilidad de que hagan tareas de control, mantenimiento de dársenas, pintura y otras funciones”, señaló. Uno de los cambios más fuertes de la ordenanza es que queda prohibido pedir dinero en la vía pública para cuidar, lavar o permitir estacionar un vehículo. “El artículo 12 lo establece como contravención. Antes la policía no podía hacer nada porque no era delito ni falta. Ahora sí”. Esto apunta directamente a la problemática de los cuidacoches y hechos de violencia que se registraron en distintos puntos de la ciudad. La ordenanza fija un mínimo de 1.000 dársenas de estacionamiento medido, con posibilidad de ampliación. “Pueden ser mil, mil uno o dos mil. Las zonas y los valores los va a definir el Ejecutivo cuando dicte el decreto de implementación”, explicó. También se habilita la tarifa diferenciada por zonas y horarios. Quinodóz evitó dar fechas cerradas, pero confirmó que el sistema comenzará a funcionar en 2026. “Primero hay que hacer el pliego, llamar a licitación, adjudicar y dar tiempo a que la empresa arme el sistema. Por eso no hay que poner una fecha que después no se pueda cumplir”, indicó. El concejal recordó que, además del estacionamiento medido, el Concejo seguirá trabajando sobre temas clave como: Transporte urbano, Código de Justicia de Faltas, Presupuesto y tributaria, Servicios y obras, especialmente agua potable “La sesión es solo una parte del trabajo legislativo. La mayor parte es la elaboración de proyectos y el trabajo en comisiones”, subrayó. La primera sesión ordinaria será el 1° de marzo, aunque el Concejo continúa trabajando durante el verano.

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