Entrevista a Jesús Juricich, vicepresidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Afiliados del IOSPER.

Nos enteramos de este comunicado que han emitido públicamente. ¿Cómo están observando este proceso de intervención en el IOSPER?

Bueno, mira, vamos a hacer un poquito de historia porque si no va a parecer como que nosotros le estamos pegando directamente la línea de afrontación al gobernador de la Provincia y por ende a la intervención. Estos reclamos no son de hoy, ya vienen desde el 2020 en adelante, se agudizaron con la pandemia. En el 2021 tuvimos un paro llamado así por nosotros de parte de los médicos, no atendían a nadie, los médicos clínicos.

Durante todo el mes de febrero del 2021 no tuvimos servicio. El IOSPER sacó un comunicado en aquel momento diciendo que nos iban a reintegrar, que pagáramos y que nos iban a reintegrar el importe de la consulta. Así como la reintegraron a ustedes el importe de la consulta, no nos reintegraron a nosotros nada, cero.

Así que nosotros seguimos peleando con ese directorio, por suerte ya se fue, y volvió la FEMER a hacer un paro. Eso fue por 15 días en junio de ese año, también con corte de servicios y demás.

Hoy por hoy, en diciembre, estando la comisión, digamos, el directorio elegido por la gente en el IOSPER con Cañete a la cabeza, la FEMER saca un comunicado diciendo que empezaban a cobrar un adicional, por fuera de la orden, de 5.000 pesos.

Eso en el mejor de los casos, porque hay especialidades donde el médico cobra 5.000, 7.000, 10.000, 15.000 y hasta 20.000 pesos por encima de la orden. Se fue el directorio, asumió la intervención y nosotros, por supuesto, estábamos de acuerdo con la intervención, porque de alguna manera la estábamos pidiendo a efecto de que se regularice la situación.

Pero es de aquí que ellos siguieron avalando el cobro del plus, lo siguieron avalando porque no hicieron nada para que eso se corte. Es decir, hasta ahora, hoy por hoy, si nosotros concurrimos –ayer concurrió un asociado nuestro a su médico– le cobraron 5.000 pesos por encima de los 2.500 que tenemos que pagar como coseguro.

Es decir, que la situación no cambió, al contrario, empeoró.

En su comunicado mencionan que, a pesar de la intervención, persisten las mismas dificultades. ¿Qué irregularidades han detectado?

Por ejemplo, en el caso de prótesis, Gallego –que es el interventor de la obra social, puesto por el gobernador de la provincia– hizo denuncias públicas, incluso se hizo eco el gobernador. Dijo que había irregularidades y que en la inauguración de la asamblea legislativa, el gobernador afirmó que en el IOSPER «se robaba».

Esas son palabras del gobernador, dijo que se robaba y que por eso lo había intervenido. Mencionó el tema de prótesis, sobre el precio de prótesis, medicamentos y demás.

Pero todo fue una declamación pública, porque denuncias reales no hubo. Fueron denuncias públicas, como las que hacemos nosotros desde el 2020 en adelante.

¿Por qué cree que se dice públicamente que se intervino para cortar la corrupción, pero no se ha presentado ninguna denuncia penal?

Esa pregunta no te la puedo contestar porque yo tampoco lo sé. No tengo idea. Nosotros lo conversamos en las reuniones que hacemos periódicamente y decimos: hacen denuncias, García Huás hace anuncios de que va a brindar transparencia y resulta que a la hora de la verdad, en la práctica, no se concreta la denuncia.

Si el directorio anterior robó y ellos tienen las pruebas –porque las tienen, las pruebas las tienen ellos, no nosotros–, ¿por qué no han hecho la denuncia? Si no hubiesen intervenido, si hubieran llamado a alguno de nosotros, podríamos haber tenido acceso a las pruebas y hubiésemos hecho la denuncia.

¿Por qué no la hicieron? Habría que preguntarle al gobernador, habría que preguntarle a García. No hay forma de que nosotros sepamos por qué causa no se ha hecho la denuncia. Quedan en denuncias públicas y no pasa nada.

Si son responsables los miembros del directorio anterior, que los denuncien y que la justicia haga lo que tiene que hacer. Nosotros lo que queremos es que si se robaron la plata, tratar de conseguir que devuelvan algo de eso, aunque va a ser imposible.

Se conoció el caso del funcionario municipal Gustavo Godoy, que falleció esperando un marcapasos. ¿Qué reflexión tiene sobre esto?

Es terrible. Gustavo Godoy, funcionario municipal de 56 años, falleció el 13 de marzo después de 12 días de espera, internado en el sanatorio, esperando la provisión de un marcapasos.

Si le hubiesen provisto el marcapasos, el señor hoy estaría vivo. Yo fui empleado de la obra social y recuerdo que en otras épocas, cuando ocurría un caso como este, el marcapasos llegaba en el mismo día.

Ingresaba el pedido a las 8 de la mañana en el IOSPER y a las 12 del mediodía ya estaba en el sanatorio. Ahora pasaron 12 días y no le proveyeron el marcapasos.

Eso muestra la falta de empatía total por parte de la intervención del IOSPER. El gobernador se tiene que haber enterado de esto y no se pronunció al respecto, no ha hecho nada.

La noticia salió en todos lados, se viralizó en redes sociales, pero ni el gobernador ni la presidenta municipal hicieron nada.

¿Cuál es su opinión sobre la conducción de la intervención?

Honestamente, nosotros estábamos a favor de la intervención, pero viendo lo que está pasando, hoy por hoy no la queremos.

Son todos foráneos, ellos no conocen la idiosincrasia de la provincia de Entre Ríos, menos el sistema epidemiológico de todos los afiliados, ni la topografía de la provincia, las grandes distancias que hay y demás.

Nosotros sacamos este comunicado para que la gente sepa lo que está pasando y que hay gente que está luchando por los derechos de los afiliados. No nos mueve ningún interés político ni gremial.

El plus, a partir del 1 de marzo, el interventor dijo que se terminaba porque habían acordado con la FEMER. Pero resulta que en la actualidad se sigue cobrando igual.

Esto va en contra de la Ley 10.439 de 2016, que es la ley anti-plus, la cual dice que ningún médico de cualquier obra social dentro de la provincia de Entre Ríos puede cobrar plus a los afiliados.

El Ministerio de Salud debería intervenir, pero no lo ha hecho. Ni el Ministerio de Salud ni el IOSPER han hecho nada.

Son cómplices de lo que está pasando. Están avalando el cobro de plus y eso es muy grave.

Nosotros esperábamos que la intervención estuviera integrada por gente de Entre Ríos, que conociera el sistema de salud de la provincia. Pero nos encontramos con que no fue así y no han hecho nada.

Ayer aquí una psicóloga se nos acercó al estudio porque ya hicimos una entrevista y nos confirmaba también que le pagaban una deuda que correspondía al año pasado. No era el total, pero de a poco en este proceso de intervención hay algunos conflictos y algunas deudas con los profesionales que se vienen regularizando. ¿Esto es así? ¿Qué diálogo vienen manteniendo ustedes y qué información vienen recabando?

Bueno, respecto a los cuidadores, es cierto, los convocaron, les dijeron que les iban a pagar la deuda que tenían. A algunos les han pagado la totalidad de noviembre y a algunos la totalidad de diciembre. En realidad, a todos les pagaron noviembre, a algunos les han pagado diciembre, pero no es como dice el comunicado que hizo Gallego en estos días atrás, que habían regularizado la deuda, no es así. Les están pagando de a poco a algunos, pero, a ver, un cuidador domiciliario está más de medio día cuidando a un familiar de un afiliado y tiene que venir. Estamos en marzo, no sé si me explico.

Estamos en marzo, tendría que haberle pagado ya la totalidad de enero y todavía les están pagando diciembre. Si les pagaron algo, ha sido parte de diciembre. Después hay otros lugares, otros prestadores que han cobrado también lo que se les debía. Pero, a ver, la plata está en el fondo del Diosper, porque a nosotros nos descuentan. O la provincia y las municipalidades no hacen los aportes que les corresponde. Esa es una pregunta que nos hacemos nosotros.

Por otro lado, Jesús, se conoció que el IOSPER contrató una empresa de Tierra del Fuego para brindar servicios de telemedicina. Pese a que no se conocieron muchos detalles del proceso administrativo, esto sorprendió porque fue un anuncio mediante un RIS publicado en las redes sociales. Se trata de un servicio de tele-medicina para los 300.000 afiliados, cuyas prestaciones van a estar a cargo de esta empresa de Tierra del Fuego, que también brinda tele-consultas a la obra social del gobierno porteño. ¿Qué es lo que han podido analizar de esta medida?

Bueno, cuando salió ese anuncio en la aplicación del Diosper, algunos lo tomaron y lo hicieron público. Decían que habían hecho un convenio, pero cuando empezamos a preguntar, el interventor, salió a desmentir diciendo que el contrato no estaba hecho, que había un contrato en IOSPER con una empresa de telemedicina y que ellos consiguieron con esta empresa por la mitad del precio.

Ahora, él se está olvidando, está desconociendo la ley de creación del IOSPER, que dice que no se puede contratar servicios fuera de la provincia cuando en la provincia hay gente que los puede brindar. Entonces, acá hay algo raro.

Ellos van a hacer un contrato con una empresa de Tierra del Fuego o donde sea para brindar servicios a 300.000 afiliados. Y la pregunta nuestra es la siguiente: ¿Lo van a hacer por cápita o por prestación? Porque ahí hablaban de cinco consultas gratis en el año, y nosotros hoy tenemos cinco consultas en el mes. Entonces, si lo van a hacer por cápita, es decir, vamos a pagar un monto fijo por los 300.000 afiliados, es un negocio redondo. ¿Para quién? No sé, pero es un negociazo.

La legislación prohíbe eso y ellos ya están gastando el dinero. Como lo hizo Cañete en la gestión anterior, contratando después del corte de servicio de febrero de 2021 a una empresa llamada Latiu, que está radicada acá, pero para mí es un invento, para hacer el trabajo de los anatomopatólogos. Dejaron afuera a los anatomopatólogos de la provincia y contrataron a esta empresa, que manda las muestras a Córdoba para hacer los análisis.

Imaginate un paciente al que le detectan cáncer y tiene que operarse. Si tiene un cáncer de ganglio linfático, por ejemplo, le toman una muestra, la mandan a Córdoba y el resultado puede tardar 45 días. Mientras tanto, el paciente sigue esperando.

La ley de creación del IOSPER prohíbe esto. Pero en lugar de anular el convenio, lo continúan. Siguen avalando esta situación en lugar de mejorarla.

Evidentemente, esto se sigue repitiendo con los afiliados a la obra social cuando quieren atenderse con profesionales, ¿no?

Exactamente. Yo no sabía si podría seguir atendiéndome con uno de los pocos médicos que quedaron en Paraná. A mí me atendía otra doctora y la dieron de baja sin que ella lo pidiera. Cuando fui a reclamar en la obra social, me dijeron que no sabían por qué la habían dado de baja.

Cada vez hay menos médicos. Pasó con los odontólogos también en la gestión anterior. Nos quedamos sin odontólogos y después fueron haciendo convenios particulares, pero la provincia sigue sin cobertura odontológica completa.

Hay una falta total de empatía en esta gestión. Están despidiendo empleados del IOSPER. Yo entiendo que algunos fueron contratados por compromisos políticos, pero despedir un médico con 7 u 8 años de antigüedad en Gualeguaychú, o en Concordia donde había dos médicos y despidieron a uno, es inaceptable.

En lugar de despedir médicos, deberían reducir la cantidad de empleados administrativos, porque hoy con los sistemas informatizados no se necesitan tantos. Sin embargo, la planta de personal creció por compromisos políticos y hay gente que ni siquiera iba a trabajar y cobraba sueldo igual.

Sin lugar a dudas, hay muchas cuestiones que regularizar dentro de la obra social. Jesús, ha sido muy claro. Gracias por tu tiempo.

Muchas gracias a ustedes. Y convocamos a todos los afiliados a sumarse a nuestra asociación para defender nuestros derechos. La unión hace la fuerza, y nosotros no cobramos nada, solo pedimos aportes para algunos gastos. Seguimos en la lucha por nuestros derechos.