«Grave denuncia penal contra la intervención del IOSPER: acusan a Gallegos y Garcia, por administración fraudulenta, peculado, abandono de persona e irregularidades millonarias en contrataciones».El abogado Mariano Giampaolo, junto al Dr. Rubén Paglioto y numerosos afiliados al IOSPER, presentó una denuncia penal contra las autoridades de la intervención del instituto, encabezadas por Mariano Gallegos. “Hay elementos contundentes que nos hacen pensar en delitos gravísimos”, advirtió. Según explicó, se contrató sin licitación pública a cuatro proveedoras de prótesis de la ciudad de Buenos Aires “que no están registradas en Entre Ríos ni pagan impuestos acá”, y que facturan “el doble de lo que cobran proveedores locales”. Gianpaolo remarcó que las compras no respetaron el circuito administrativo legal, no se hizo compulsa de precios y se priorizaron los pagos a estas empresas por sobre prestadores y pacientes en situación crítica. “Mientras estas firmas cobraban millones, hay médicos, acompañantes terapéuticos, personas con discapacidad y jubilados que siguen esperando prestaciones urgentes”, señaló. Además, denunció que le robaron la computadora y el disco rígido con toda la información de su trabajo en la Comisión Fiscalizadora, en lo que calificó como “un hecho vandálico que también roza lo delictivo”. Entre los delitos que se mencionan en la denuncia figuran administración fraudulenta, peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona, este último vinculado al caso de un paciente que murió esperando un marcapasos que nunca llegó por “demoras administrativas”. “Esto es un crimen. Que alguien muera por papeleo es criminal”, sentenció. Advirtió también que lo que está en juego no es solo una obra social: “Si el IOSPER sigue tropiezo tras tropiezo con estas desprolijidades, va a colapsar la salud pública. Cuando IOSPER o PAMI andan mal, las guardias del sistema público explotan”, explicó. Por último, advirtió: “Hago responsable a la intervención de cualquier persecución o represalia contra quienes firmamos la denuncia. Estamos ejerciendo un derecho: pedir que se investigue. Si está todo bien, se archiva. Pero si no, que se condene como corresponde”.