“Una investigación direccionada que oculta responsabilidades políticas” y ⚖️ “Una reforma al juicio por jurados que significa un grave retroceso”. El abogado Damián Petenati, defensor de uno de los imputados en la causa contratos en la Legislatura de Entre Ríos, cuestionó duramente el accionar de la Fiscalía y la orientación de la investigación judicial. Tras la resolución de la jueza Marina Barbagelata, quien concedió apelaciones solicitadas por las defensas, Petenati remarcó que no se trata de un fallo sobre el fondo de los planteos, pero sí de una señal clara de que la discusión está abierta y continuará en instancias superiores. «Esta discusión no termina acá», subrayó, al destacar que se deberá convocar a una nueva audiencia ante la jueza de apelaciones. Entre los puntos más críticos planteados por la defensa, se encuentra la nulidad del pase a juicio de la causa, ya que, según expresó el letrado, la investigación fue “absolutamente sesgada y parcializada”. Señaló que las imputaciones contienen “contradicciones, inconsistencias y omisiones deliberadas”, especialmente en lo que respecta a la mención de responsabilidades políticas. “Dirigieron acusaciones graves a personas que no tenían poder de decisión, y sin embargo, quienes firmaban y autorizaban los contratos, ni siquiera fueron citados a declarar”, advirtió. Según Petenati, esto demuestra una clara interferencia de la política en la investigación: “La política ha penetrado en esta causa. De lo contrario, no se explica por qué se omitió deliberadamente citar a quienes estaban a cargo de la Legislatura en ese período”. Por otro lado, el abogado también se refirió a la reciente media sanción otorgada en la Cámara de Diputados al proyecto de reforma de la ley de juicio por jurados. Como integrante del Instituto de Derecho Penal del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, expresó su rechazo categórico a la iniciativa. “Este proyecto representa un enorme retroceso institucional. Es una reforma retardataria que limita la participación ciudadana en las decisiones más sensibles del sistema penal”, afirmó. A su criterio, el modelo actual de juicio por jurados en Entre Ríos es un ejemplo a nivel nacional, y desmantelarlo significaría un paso atrás en términos de transparencia y justicia. “Privar de libertad a una persona es el acto más grave que puede tomar un Estado de Derecho. Si en esa decisión no participa la ciudadanía, estamos ante un modelo judicial más cerrado, menos democrático”, enfatizó. Además de su posición personal, Petenati señaló que la gran mayoría de los penalistas y expertos en derecho procesal penal rechazan esta reforma, incluyendo instituciones de prestigio como el INECIP y la Asociación Argentina de Juicio por Jurados. «Todo el campo académico está en contra. Este proyecto es claramente un retroceso», concluyó.