Reforma laboral, salarios pulverizados y despidos: el ajuste que avanza en Entre Ríos. En diálogo con GPS por El Once, el secretario general de ATE Entre Ríos, Óscar Muntes, advirtió que la provincia y el país atraviesan “el ajuste más profundo de los últimos años”, sostenido sobre tres pilares: reforma laboral, salarios pulverizados y pérdida de puestos de trabajo. ATE Entre Ríos volvió a encender las alarmas ante un escenario que califican como el ajuste más profundo de los últimos años, marcado por tres ejes: reforma laboral, salarios pulverizados y pérdida de puestos de trabajo. Muntes explicó que la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional implica un retroceso directo: vacaciones fraccionadas, menos indemnización, banco de horas manejado por la patronal, desaparición de la paritaria general y debilitamiento de los sindicatos. “Todo está pensado para que el trabajador negocie solo y en desventaja”, planteó. En paralelo, la realidad provincial no ofrece alivio. Los salarios estatales llevan cinco meses congelados, ya se perdió más de 26 puntos del poder adquisitivo y el gremio proyecta una caída total de 31 puntos hacia febrero de 2026. El Gobierno confirmó que no convocará a paritarias hasta ese mes, lo que significa ocho meses de salario planchado. A eso se suma la incertidumbre por la situación contractual: el 31 de diciembre vencen numerosos contratos y ya hubo bajas en organismos como ATER, donde —según el gremio— se vive una “caza de brujas” que afecta a trabajadores con años de experiencia solo por haber ingresado en gestiones anteriores. Para Muntes, el ajuste provincial no es aislado: reducción de horas extras, eliminación de contratos, salario deteriorado y ausencia de paritaria forman parte de un mismo esquema. El otro capítulo en marcha es la reforma previsional. El presidente de la Caja de Jubilaciones confirmó que el proyecto está avanzado en un 80%, y los sindicatos ya pidieron una reunión para conocer su contenido. ATE anticipa “un debate muy profundo” porque lo que está en juego son las reglas de retiro de toda la administración pública. En síntesis, el gremio sostiene que el ajuste avanza por todos los frentes —laboral, salarial, contractual y previsional—, y que si se consolida “la pérdida de derechos será estructural”.