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20 de enero de 2026

1–2 minutos

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“Desviaron la comida de los pobres”: estalla el escándalo de los alimentos en Entre Ríos. La dirigente social Tamara Beráles (MTE–UTEP) denunció una situación de extrema gravedad en Entre Ríos: alimentos destinados a comedores y merenderos fueron desviados a fundaciones y domicilios particulares, mientras existe una causa judicial con allanamientos en curso. Según explicó, las organizaciones se enteraron cuando la investigación ya estaba iniciada y confirmó que se trata de alimentos del Ministerio de Capital Humano que debían llegar a los sectores más vulnerables. “Claramente eran para la asistencia de los espacios que sostenemos en todo el territorio. Es muy grave.” Beráles recordó que el Gobierno provincial no prorrogó la Ley de Emergencia Alimentaria ni creó una nueva, a pesar de que la crisis social continúa. “Estamos todavía en una emergencia alimentaria. La comida no es una asistencia, es un derecho básico para quienes hoy no tienen trabajo formal y no llegan a fin de mes.” La dirigente también cuestionó que no haya una ley de soberanía o seguridad alimentaria, y que solo se haya avanzado en la institucionalización de la Mesa de Diálogo Social, que hoy no funciona. “La mesa está en la ley, pero no se convoca. Eso no garantiza la transparencia de los alimentos.” El reclamo incluye un pedido concreto: un informe institucional que detalle cómo fue la compra, la entrega y la distribución de alimentos durante todo 2025, algo que hasta ahora el Gobierno no respondió. “No quieren ser claros ni dar detalles.” Sobre la logística, describió una situación desigual: “A nosotros nos hacen ir a buscar la comida a los galpones del Ejército y pagar fletes de 70 mil pesos, pero sí tienen logística para llevar alimentos a fundaciones y domicilios particulares.” También confirmó que hubo faltantes en los comedores, mientras el Gobierno sometía a las organizaciones a auditorías. “Nos controlaban diciendo que no existíamos y que hacíamos curro, pero después quedó claro que nuestros espacios y nuestras compañeras sí existen y trabajan por 78 mil pesos.” Además denunció que el Estado solo tiene planillas de Excel como registro, a pesar de que las organizaciones presentaron listados detallados de porciones, personas y días de asistencia. “Eso no es suficiente.” El impacto del presunto desvío es enorme: “Solo desde la UTEP hay 50 comedores y merenderos, y en Paraná hay más de 150.” También apuntó a la desigualdad territorial: “En Concordia, una de las ciudades más pobres del país, los alimentos no llegan.” Finalmente, confirmó que pidieron una reunión extraordinaria de la Mesa de Diálogo Social, además de las reuniones mensuales que fija la ley, pero no hubo respuesta. “No tenemos novedades sobre cómo va a ser la distribución de alimentos en este enero 2026.” El cierre resume la gravedad del conflicto: “No es ni más ni menos que la comida de las personas que no tienen otra cosa.”

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NACIONALES

Industriales pymes alertan que el rumbo del Gobierno puede cerrar el 20% de las fábricas. Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos hablo con “GPS” y nos comento que la industria PYME atraviesa uno de los momentos más críticos de las últimas décadas y el Gobierno nacional, lejos de ofrecer respuestas, avanza sin medidas concretas que sostengan la producción y el empleo. Alertó que el acuerdo Mercosur–Unión Europea, en las condiciones actuales, podría provocar el cierre de hasta el 20% de las fábricas. “No estamos en contra del acuerdo, pero hoy la Argentina no está en condiciones de competir. En este escenario no vamos a ser socios, vamos a ser clientes”. La advertencia llega en un contexto marcado por una recesión profunda, donde ya cerraron más de 22.000 empresas y se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo formales en apenas dos años. El dirigente PYME puso el foco en la falta absoluta de política industrial. Señaló que las empresas argentinas enfrentan tasas de interés del 50%, costos energéticos elevados, una fuerte presión impositiva y costos laborales indirectos que las dejan en desventaja total frente a competidores internacionales que acceden a financiamiento al 2% o 4%. “Así no se puede competir”, remarcó. Además, denunció una competencia desleal por el ingreso de productos importados —principalmente de China— a precios de dumping y sin controles de calidad, sanitarios ni normativos, mientras que a la industria nacional se le exige cumplir estándares cada vez más altos. Sectores como el textil, calzado, bienes de capital y parte del entramado automotriz ya operan con niveles críticos de capacidad instalada. También cuestionó el rumbo económico del Gobierno: “Todo indica que se busca un país de servicios, pero la Argentina es y fue un país industrial. La industria es un patrimonio que hay que cuidar”. Recordó que durante la pandemia fue el entramado industrial el que permitió garantizar producción y abastecimiento. El cierre del diagnóstico fue una advertencia política directa: sin una mesa urgente de diálogo, sin reglas de equidad y sin medidas que bajen los costos de producir, la apertura comercial puede acelerar un proceso de desindustrialización que deje a la Argentina relegada en la disputa entre grandes potencias, con un mercado interno cada vez más chico y más pobreza estructural. “Las pymes no piden cerrar fronteras. Piden igualdad para competir. Hoy esa igualdad no existe y el Gobierno mira para otro lado”, concluyó.

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LOCALES

Paraná pondrá en marcha el estacionamiento medido digital en 2026 y prohíbe a los “trapitos” pedir dinero en la vía pública. El Concejo Deliberante de Paraná aprobó en diciembre la ordenanza marco que habilita la puesta en marcha del nuevo sistema de estacionamiento medido, una de las herramientas centrales del esquema de ordenamiento vial y urbano que impulsa la gestión municipal y que comenzará a aplicarse durante 2026. Así lo explicó el concejal Fernando Quinodóz, quien remarcó que la norma no fija todavía un esquema cerrado sino que le da al Ejecutivo municipal las herramientas para implementar el sistema. “Es una ordenanza marco. Durante este año el Ejecutivo va a definir cómo se va a prestar el servicio, si lo va a hacer el municipio o si se va a licitar para que lo haga una empresa”, sostuvo. Señaló que el objetivo es dejar atrás el sistema de tarjetas físicas y avanzar hacia un esquema más ágil, basado en aplicaciones digitales. “Hoy vos comprás la tarjeta, la dejás en el parabrisas y si se te vence tenés que salir a comprar otra. Con el nuevo sistema, si estás en el médico y se te pasó la hora, prorrogás desde el celular y se debita”, explicó. El control también será digital, a través del registro de patentes. “La persona que controla no tiene que pedirle el celular a nadie. Con una aplicación se chequea la patente y, si no tiene pago, se le da aviso al inspector para que labre el acta”, detalló. El concejal remarcó que existe un compromiso político con quienes hoy trabajan como tarjeteros. “No hay que confundir al tarjetero con el cuidacoches o el trapito. El tarjetero es el que vende la tarjeta y le rinde a la Municipalidad”, aclaró. Y agregó que, con el nuevo sistema, no desaparecerán sino que podrán cumplir nuevas funciones. “No van a vender más tarjetas porque el sistema tiende a modernizarse, pero se abre la posibilidad de que hagan tareas de control, mantenimiento de dársenas, pintura y otras funciones”, señaló. Uno de los cambios más fuertes de la ordenanza es que queda prohibido pedir dinero en la vía pública para cuidar, lavar o permitir estacionar un vehículo. “El artículo 12 lo establece como contravención. Antes la policía no podía hacer nada porque no era delito ni falta. Ahora sí”. Esto apunta directamente a la problemática de los cuidacoches y hechos de violencia que se registraron en distintos puntos de la ciudad. La ordenanza fija un mínimo de 1.000 dársenas de estacionamiento medido, con posibilidad de ampliación. “Pueden ser mil, mil uno o dos mil. Las zonas y los valores los va a definir el Ejecutivo cuando dicte el decreto de implementación”, explicó. También se habilita la tarifa diferenciada por zonas y horarios. Quinodóz evitó dar fechas cerradas, pero confirmó que el sistema comenzará a funcionar en 2026. “Primero hay que hacer el pliego, llamar a licitación, adjudicar y dar tiempo a que la empresa arme el sistema. Por eso no hay que poner una fecha que después no se pueda cumplir”, indicó. El concejal recordó que, además del estacionamiento medido, el Concejo seguirá trabajando sobre temas clave como: Transporte urbano, Código de Justicia de Faltas, Presupuesto y tributaria, Servicios y obras, especialmente agua potable “La sesión es solo una parte del trabajo legislativo. La mayor parte es la elaboración de proyectos y el trabajo en comisiones”, subrayó. La primera sesión ordinaria será el 1° de marzo, aunque el Concejo continúa trabajando durante el verano.

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INTERNACIONALES, LOCALES

Gustavo Tarragona: “La detención de Maduro es una decisión política que reabre una etapa peligrosa en la región”. El politólogo y analista internacional Gustavo Tarragona advirtió que la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos no puede leerse como un acto de justicia, sino como una decisión política de la administración de Donald Trump orientada a forzar un cambio de régimen en Venezuela. En diálogo con GPS, Tarragona explicó que Washington busca recuperar liderazgo en América Latina y volver a marcar su área de influencia, utilizando incluso el instrumento militar como una herramienta más de la política exterior. “El uso de la fuerza volvió a instalarse como una opción”, alertó, y sostuvo que esto rompe con décadas de intentos del derecho internacional por evitar que los conflictos entre Estados se resuelvan mediante la violencia. Según el analista, la captura de Maduro abre un precedente extremadamente peligroso, porque habilita a otras potencias como Rusia o China a actuar de manera similar. En ese marco, recordó que Moscú ya está en guerra con Ucrania y que Beijing mantiene una disputa histórica con Taiwán. Tarragona también señaló que la región quedó partida: mientras algunos gobiernos, como el de Javier Milei, apoyaron la detención, otros países como Brasil, Colombia, Chile y Uruguay la condenaron por violar normas internacionales, forzando a América Latina a tomar partido. Además, advirtió sobre las consecuencias humanas del conflicto. Más de ocho millones de venezolanos ya emigraron en los últimos años y, con este nuevo escenario de inestabilidad, podría generarse una nueva ola migratoria, con países vecinos reforzando sus fronteras. Por último, comparó la situación con la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989, cuando fue capturado el presidente Noriega, aunque subrayó que Venezuela tiene un peso político y estratégico mucho mayor, por lo que el impacto regional y global podría ser aún más grave.

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