Últimas
-
SENADO
-
Balance de gestión en Paraná: transporte, playas y obras clave de agua potable. El jefe de Gabinete municipal, Santiago Halle, hizo un repaso del año de gestión y marcó los principales avances y desafíos de la ciudad. Halle destacó al transporte como “el gran tema del año en Paraná”. Señaló que la licitación fue un paso histórico después de años de deuda con la ciudad: “Nos enfrentamos a un desafío enorme, la intendenta lo asumió y hoy el sistema está funcionando, aunque siempre hay cosas para mejorar”. Hay grandes expectativas por la temporada estival y la posibilidad de volver a disfrutar el río en el Thompson: “El balneario municipal volvió a ser un lugar de encuentro y disfrute. Hoy tiene servicios, baños, deporte, parrillas y ahora el ingreso al río”. Además, remarcó el impacto positivo que esto puede tener en el turismo y en la actividad gastronómica y comercial durante el verano. El funcionario valoró la articulación con comerciantes y emprendedores: “Es una iniciativa privada a la que el Estado le suma valor”. Este año habrá más gastronomía, mejores servicios, arte y un cierre musical con Roze y la Bersuit . Confirmó avances importantes en la obra de la planta Ramírez y explicó que el principal problema de Paraná no es la producción, sino la distribución: “Tenemos caños muy viejos y muchas pérdidas. Por eso buscamos financiamiento internacional para sanear el sistema”. Reconoció que son obras estratégicas que exceden una sola gestión, pero afirmó que ya se están dando respuestas en las zonas más críticas, especialmente en el oeste de la ciudad.
-
Reforma laboral: FATPREN alerta por un “ataque camuflado” al Estatuto del Periodista y a los medios públicos. En diálogo con GPS, la secretaria general de, Carla Gaudensi, advirtió que el proyecto de “reforma laboral” impulsado por el Gobierno nacional incluye, “casi camuflado” bajo el concepto de “modernización”, un punto que plantea derogar la Ley 12.908, conocida como Estatuto del Periodista Profesional. Sostuvo que la iniciativa “lejos está de ser una modernización” y que, en términos generales, “lo único que viene a implementar son cuestiones regresivas” en materia de derechos laborales. En ese marco, explicó que el estatuto cumple una función central: brindar una protección especial a quienes ejercen el periodismo, no como “defensa corporativa”, sino como garantía vinculada a la libertad de expresión y al derecho humano a la información. Según remarcó, esa protección existe para evitar que “un empresario de medios” pueda condicionar las condiciones laborales de un periodista por su “línea de pensamiento”, y para reducir el riesgo de presiones, represalias o persecuciones cuando se investiga o se incomoda a sectores de poder económico y político. “Derogarlo sería retroceder décadas en acuerdos democráticos”, advirtió. La dirigente sindical reconoció que hay aspectos del estatuto que hoy “no se aplican tal cual”, pero insistió en que la salida no puede ser eliminarlo: “En tal caso, deberíamos discutir realmente qué se cumple y qué no. Pero no derogarlo para que no haya ningún tipo de protección”, planteó, y subrayó que quitar ese “piso de derechos” deja a los trabajadores “totalmente desamparados”. Gaudensi anticipó que FATPREN y los sindicatos de base en todo el país ya trabajan para reunirse con senadores y senadoras, con el objetivo de frenar la derogación del estatuto y cuestionar el conjunto de la reforma. Además, señaló que en el mismo artículo donde aparece la mención al estatuto también se incluye un punto que impacta sobre gravámenes vinculados a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, recursos que —según describió— sostienen a medios públicos, comunitarios y a la cultura, y cuya eliminación “beneficiaría a los medios más concentrados” en detrimento de la “pluralidad de voces” y el financiamiento federal. En ese tramo, marcó también una objeción procedimental: indicó que una modificación impositiva “no podría haber entrado por el Senado” y que debería haberse iniciado en Diputados, por lo que habló de un “error grave” en el tratamiento “exprés” del proyecto. Consultada por la situación salarial, la titular de FATPREN afirmó que prensa está entre las actividades con “peores realidades” y describió que hoy muchos trabajadores “cobran bajo la línea de la pobreza” y necesitan pluriempleo para subsistir. También cuestionó el rol de la Secretaría de Trabajo, a la que acusó de ubicarse “del lado de los empresarios”, y advirtió que la pérdida de derechos laborales “precariza” no solo el trabajo, sino también “la calidad del debate público y democrático”.
-
Reforma laboral, salarios pulverizados y despidos: el ajuste que avanza en Entre Ríos. En diálogo con GPS por El Once, el secretario general de ATE Entre Ríos, Óscar Muntes, advirtió que la provincia y el país atraviesan “el ajuste más profundo de los últimos años”, sostenido sobre tres pilares: reforma laboral, salarios pulverizados y pérdida de puestos de trabajo. ATE Entre Ríos volvió a encender las alarmas ante un escenario que califican como el ajuste más profundo de los últimos años, marcado por tres ejes: reforma laboral, salarios pulverizados y pérdida de puestos de trabajo. Muntes explicó que la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional implica un retroceso directo: vacaciones fraccionadas, menos indemnización, banco de horas manejado por la patronal, desaparición de la paritaria general y debilitamiento de los sindicatos. “Todo está pensado para que el trabajador negocie solo y en desventaja”, planteó. En paralelo, la realidad provincial no ofrece alivio. Los salarios estatales llevan cinco meses congelados, ya se perdió más de 26 puntos del poder adquisitivo y el gremio proyecta una caída total de 31 puntos hacia febrero de 2026. El Gobierno confirmó que no convocará a paritarias hasta ese mes, lo que significa ocho meses de salario planchado. A eso se suma la incertidumbre por la situación contractual: el 31 de diciembre vencen numerosos contratos y ya hubo bajas en organismos como ATER, donde —según el gremio— se vive una “caza de brujas” que afecta a trabajadores con años de experiencia solo por haber ingresado en gestiones anteriores. Para Muntes, el ajuste provincial no es aislado: reducción de horas extras, eliminación de contratos, salario deteriorado y ausencia de paritaria forman parte de un mismo esquema. El otro capítulo en marcha es la reforma previsional. El presidente de la Caja de Jubilaciones confirmó que el proyecto está avanzado en un 80%, y los sindicatos ya pidieron una reunión para conocer su contenido. ATE anticipa “un debate muy profundo” porque lo que está en juego son las reglas de retiro de toda la administración pública. En síntesis, el gremio sostiene que el ajuste avanza por todos los frentes —laboral, salarial, contractual y previsional—, y que si se consolida “la pérdida de derechos será estructural”.
GPS COMUNICACIÓN 