“Crisis, leyes incumplidas y un país al límite”. La diputada Blanca Osuna trazó un diagnóstico durísimo sobre la situación nacional y provincial, con foco en la discapacidad, la crisis social y el funcionamiento del Gobierno. Denunció que el Ejecutivo impulsa cambios en la ley de discapacidad mientras no cumple normas vigentes, incluso aquellas que fueron aprobadas por el Congreso y avaladas por la Justicia. En ese marco, advirtió que el nuevo esquema podría dejar a personas con discapacidad sin pensión si acceden a un trabajo, lo que —según planteó— implica un retroceso en derechos básicos y en la dignidad. También cuestionó los procesos de control sobre beneficiarios, recordando antecedentes de auditorías irregulares que afectaron a personas vulnerables, y alertó sobre un sistema que, lejos de ordenar, profundiza la incertidumbre y la exclusión. El análisis se amplió a un escenario más general: problemas en PAMI, ANSES, caída en prestaciones y un deterioro sostenido de las condiciones de vida. “El panorama es grave”, sintetizó. En lo institucional, anticipó un fuerte cruce en el Congreso con el informe del jefe de Gabinete, que llega en un contexto cargado de cuestionamientos y miles de preguntas acumuladas. Además, criticó el rol del presidente Javier Milei, al que acusó de estar desconectado de la realidad cotidiana y concentrado en una agenda alejada de las necesidades del país. A nivel provincial, describió una crisis profunda en Entre Ríos, con comedores escolares desbordados, falta de docentes, demoras en recursos y ausencia de obras. Según remarcó, la situación social ya se refleja en el día a día de las escuelas y las familias. En ese contexto, advirtió que el país atraviesa un momento delicado, con tensiones que —según su mirada— ponen en riesgo el funcionamiento del sistema democrático. También cuestionó al gobierno provincial de Rogelio Frigerio por no avanzar con firmeza en el reclamo de recursos nacionales. Pese al escenario crítico, sostuvo que la situación puede revertirse, pero solo con un cambio de rumbo que priorice la gestión, la presencia del Estado y la resolución concreta de los problemas más urgentes.