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Cusinato habló del futuro de la UCR, las alianzas para 2027 y las obras financiadas con créditos internacionales. El presidente del Congreso Provincial Partidario de la UCR, hizo un balance positivo del Congreso Provincial realizado en Villaguay y destacó que se pudieron abordar distintos temas internos del partido sin conflictos. Entre ellos, mencionó la aprobación del balance, la creación de nuevas comisiones y la modificación de los plazos de las autoridades partidarias para que las elecciones internas vuelvan a realizarse en años no electorales. Explicó que el mandato actual finaliza el 28 de mayo y que las nuevas autoridades asumirían en esa fecha y permanecerían hasta octubre de 2028. De esta manera, el radicalismo busca volver a ordenar su calendario interno y evitar que las elecciones partidarias coincidan con los procesos electorales generales. Uno de los principales temas que quedó abierto fue la estrategia electoral de cara a 2027. Señaló que todavía no existe suficiente información para definir cómo serán las elecciones provinciales, si habrá desdoblamiento, PASO o algún otro mecanismo para resolver las internas. Por eso, sostuvo que el debate sobre un eventual frente electoral continuará en un próximo Congreso, cuando exista mayor claridad sobre el escenario político y electoral. Defendió el peso territorial de la UCR en Entre Ríos y aseguró que el partido ocupa actualmente un lugar central dentro de la política provincial. Destacó la presencia de intendentes, diputados, senadores y funcionarios radicales en diferentes áreas del Gobierno. Según planteó, esa estructura territorial será determinante en 2027 porque estarán en juego intendencias, bancas legislativas y concejalías. Incluso afirmó que el radicalismo no solamente pretende conservar las posiciones que actualmente tiene, sino avanzar sobre otras ciudades y departamentos para convertirse en oficialismo en más localidades. En el plano nacional, fue crítico con la situación actual del radicalismo. Afirmó que el partido “a nivel nacional no existe” y que se encuentra “absolutamente huérfano”, situación que, según sostuvo, dificulta tener dirigentes y candidatos con los cuales confrontar políticamente. A pesar de eso, manifestó que todavía tiene la esperanza de que pueda surgir un candidato radical a presidente, independientemente de sus posibilidades electorales. Sobre la gestión de Javier Milei, sostuvo que puede existir alguna coincidencia con aspectos “macro” de la política nacional, pero marcó diferencias en cuestiones vinculadas a la vida cotidiana y expresó desconocimiento sobre las políticas que se están desarrollando en áreas como educación y salud. También planteó una mirada de largo plazo sobre el futuro electoral de la UCR entrerriana. Reconoció que actualmente la figura de Rogelio Frigerio tiene un peso importante en la provincia y que el radicalismo forma parte del mismo Gobierno, pero sostuvo que la historia de los partidos políticos no termina en una elección. En su rol dentro de la Unidad Ejecutora Provincial, explicó que trabaja en la gestión de financiamiento internacional destinado a obras públicas. Detalló que durante los últimos años se trabajó en la construcción y renovación de 11 escuelas, además de obras de saneamiento en Concepción del Uruguay y Colón, proyectos viales y diferentes programas destinados a sectores Finalmente, defendió el acceso de la provincia a este tipo de financiamiento y explicó que los organismos internacionales no otorgan créditos simplemente por la presencia de un determinado gobernador. Señaló que Entre Ríos cuenta con capacidad financiera y autorización legislativa para acceder a estos préstamos. Remarcó además que se trata, en general, de créditos a 20 o 21 años, con períodos de gracia y tasas favorables, destinados fundamentalmente a infraestructura y desarrollo productivo. Según explicó, la idea es que las obras mejoren la producción y la infraestructura vial para que ese crecimiento permita afrontar posteriormente el pago de los créditos.

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AJER rechazó el proyecto para derogar la ley de enganche salarial y declaró el estado de alerta. El secretario general, José María Segura, cuestionó con dureza la iniciativa presentada en la Cámara de Diputados de Entre Ríos para derogar el régimen de actualización salarial de los trabajadores judiciales. En diálogo con el programa GPS, por Radio UNER, sostuvo que la medida podría generar un conflicto institucional “absolutamente innecesario” y defendió el mecanismo como una garantía de independencia del Poder Judicial. El debate por la denominada ley de enganche salarial del Poder Judicial sumó en las últimas horas una fuerte reacción del gremio que representa a los trabajadores judiciales. La iniciativa impulsada por las diputadas Salinas y Taborda propone eliminar el mecanismo que vincula las actualizaciones salariales de la Justicia entrerriana con los incrementos establecidos en el ámbito de la Justicia nacional. “La ley salarial del Poder Judicial es una herramienta puesta en práctica de un principio constitucional, que es el principio de independencia de los poderes”, sostuvo Segura durante la entrevista. El dirigente gremial explicó que el mecanismo de actualización automática permite evitar que el Poder Judicial tenga que negociar periódicamente sus salarios con cada gobierno provincial. “No está obligado el Poder Judicial a sentarse con cada gobierno de turno”, remarcó. Segura también rechazó los argumentos que presentan al sistema como un beneficio salarial excepcional. En ese sentido, sostuvo que las mejoras obtenidas por los trabajadores no pueden ser consideradas privilegios. “Ninguna conquista de los trabajadores en relación a sus salarios son privilegios”, afirmó, y mencionó como ejemplos las condiciones salariales alcanzadas por distintos sectores como los petroleros, bancarios y aceiteros. “Intentar derogar esta ley es absolutamente innecesario, va a generar un conflicto institucional”, sostuvo el secretario general del gremio. Además, cuestionó el argumento de que la provincia queda condicionada por las decisiones nacionales. Según explicó, el sistema no implica que la Nación determine directamente los salarios de los trabajadores judiciales entrerrianos, sino que establece la utilización de un índice de actualización. “No es que lo determina la Nación. En realidad es la aplicación de un índice”, explicó. Ante el avance del proyecto en la Cámara de Diputados, Segura confirmó que el gremio decidió adoptar una postura de mayor confrontación. “Estamos por dar a conocer una declaración estableciendo el estado de alerta y movilización”. De esta manera, el conflicto por la ley de enganche salarial comienza a instalarse como una nueva discusión entre el Poder Legislativo, el Gobierno provincial y los trabajadores judiciales, mientras AJER anticipa que permanecerá en estado de alerta y movilización frente al avance de la iniciativa.

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La secretaria general de AGMER Concordia, María José Chapitel, cuestionó al gobierno de Entre Ríos por cerrar la paritaria salarial y otorgar aumentos por decreto, pese al rechazo del Congreso del gremio. Reclamó una reapertura “urgente” de la negociación y aseguró que los docentes atraviesan un fuerte deterioro de su poder adquisitivo. Chapitel sostuvo que el salario de una maestra que recién se inicia ronda los 850 mil pesos, una cifra que, según afirmó, prácticamente equivale al valor de un alquiler. “Los compañeros y compañeras no llegan a fin de mes y están altamente endeudados”, señaló, y remarcó que muchos trabajadores recurren a tarjetas de crédito, préstamos y financieras para poder comprar alimentos. La dirigente también cuestionó los mecanismos utilizados por el Ejecutivo provincial para definir los incrementos. Recordó que AGMER rechazó una propuesta del 3% para julio y 4% para septiembre, pero el gobierno decidió avanzar igualmente mediante decreto. “Entendemos que la paritaria es la herramienta para discutir de igual a igual con la patronal”, sostuvo. En ese marco, anticipó que el gremio avanzará con medidas de acción directa ante la falta de respuestas oficiales al pedido de reapertura de la paritaria. Chapitel también se refirió al conflicto por el nuevo sistema de provisión de alimentos para los comedores escolares. Recordó que AGMER presentó un amparo colectivo y una medida cautelar que, según explicó, frenó la entrega de productos de la empresa cuestionada. Uno de los principales reclamos está vinculado a la presencia de alimentos ultraprocesados y productos con etiquetado frontal, que contienen advertencias por exceso de azúcar, grasas y otros componentes. La dirigente cuestionó además que los directivos de las escuelas sean responsabilizados por la calidad de la comida que reciben los alumnos. “Estamos cortando la línea por lo más delgado”, afirmó, y defendió el trabajo cotidiano de los equipos directivos y trabajadores de los comedores. También planteó reparos al almacenamiento de alimentos durante períodos prolongados en establecimientos que, según describió, presentan problemas edilicios, humedad, presencia de roedores y falta de espacios adecuados. “Lo que más nos preocupa es la salud de los gurises”, afirmó Chapitel, quien además cuestionó la falta de participación de nutricionistas, pediatras y familias en la discusión sobre el nuevo esquema alimentario. Desde AGMER anticiparon que en las próximas horas se comunicarán las medidas de fuerza que fueron votadas en el último Congreso provincial del sindicato.

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La CGT Regional Paraná puso en marcha una campaña informativa destinada a trabajadores y familias que atraviesan dificultades para afrontar el pago de tarjetas de crédito y servicios esenciales. Bajo el mensaje “¿No podés pagar tarjeta o servicio? Conocé tus derechos”, la central sindical busca brindar herramientas ante el crecimiento del endeudamiento familiar. El referente de la CGT Paraná, Oscar Barbieri, explicó que la iniciativa surgió a partir de la preocupación por la pérdida del poder adquisitivo, la disminución de fuentes laborales y las dificultades que enfrentan tanto trabajadores activos como jubilados para llegar a fin de mes. “Estamos preocupados y ocupados en toda esta cuestión que trasciende, que es el tema del endeudamiento de la familia y de las personas”, señaló Barbieri, quien vinculó la situación con la pérdida del poder adquisitivo de los salarios registrada durante los últimos años. Desde la CGT remarcaron que existen diferentes normas que protegen a los consumidores frente a situaciones de endeudamiento. Barbieri mencionó el artículo 42 de la Constitución Nacional, la legislación de Defensa del Consumidor y la Ley de Tarjetas de Crédito, entre otras herramientas. Según explicó, quienes atraviesan una situación económica compleja pueden recurrir a organismos de Defensa del Consumidor para recibir asesoramiento y buscar alternativas de refinanciación. Durante la entrevista, Barbieri también describió el estado de ánimo que observa entre los trabajadores con los que mantiene contacto. Aseguró que existe “mucha angustia” y temor, especialmente frente a la posibilidad de perder el empleo o de reclamar por los derechos laborales. Barbieri planteó además una crítica al modelo económico del Gobierno nacional y sostuvo que el endeudamiento no solamente afecta al Estado, sino también a las familias. En ese marco, reclamó que las políticas económicas prioricen el trabajo y la producción nacional y pidió tanto al Gobierno nacional como al provincial que no acompañen medidas que, según su mirada, puedan afectar la “soberanía alimentaria”. Finalmente, Barbieri insistió en la importancia de que los ciudadanos conozcan dónde recurrir cuando tienen problemas para afrontar deudas o reciben intimaciones. En Paraná, señaló a Defensa del Consumidor como uno de los organismos donde los trabajadores pueden solicitar asesoramiento de manera gratuita.Desde la CGT Paraná remarcaron que el objetivo de la campaña es que las familias conozcan las herramientas disponibles y no queden solas frente a situaciones de endeudamiento que pueden comprometer sus ingresos y su calidad de vida.“Queremos que el ciudadano de a pie sepa a quién acudir”, resumió Barbieri.

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