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“Azcue pisotea la libertad de expresión y despide sin aviso, mostrando su peor cara en Concordia”. Carolina Amiano contó que la medida del cierre de la Radio Municipal en Concordia fue una sorpresa y una jugada política que ingresó de golpe en la sesión del Concejo. Fue el concejal Felipe Sastre quien presentó el proyecto, sin explicar demasiado, y pidió tratarlo sobre tablas, lo que generó sospechas de que todo estaba planificado para cerrar la radio y silenciar voces críticas, ni más ni menos. Explicó que el Ejecutivo primero le sacó la autarquía a la radio, creando un Consejo Asesor que nunca funcionó, y luego derogó ese mismo consejo con otra ordenanza. Esto evidencia que nunca quisieron que la radio funcione realmente, sino que buscaron coartar voces incómodas. Además, nunca armaron los pliegos para designar un director como debían, y en el proyecto original hasta planteaban una línea editorial que atenta contra la libertad de expresión, algo que el bloque peronista logró sacar para proteger ese derecho fundamental. Sobre los trabajadores, dijo que no saben qué será de ellos porque muchos no tienen garantizado su puesto, y que es una barbaridad que se juegue así con el destino de las personas. Algunos tienen contratos hasta fin de mes, pero no fueron notificados formalmente, y aunque dicen que los reubicarán, ella duda porque ya hubo una persecución sistemática para echar gente. También criticó que empleados con décadas de trabajo en el municipio han tenido que renunciar por hostigamientos, y que el intendente actúa por impulsos, sin diálogo, y solo habla con concejales de La Libertad Avanza que le levantan la mano para todo. Denunció que están intentando liberar al intendente de la normativa de compras para que pueda contratar sin control, firmando un “cheque en blanco” para comprar sin justificar, algo que considera una barbaridad y una falta de respeto a las reglas claras y la transparencia. Finalmente, remarcó la grave situación social de Concordia, con cientos de despidos en diferentes áreas, incluyendo los CDI, y una gestión insensible que deja a los chicos sin nutrición adecuada y sin contención, mientras los padres trabajan en condiciones difíciles. Para ella, la soberbia y la insensibilidad del municipio no llevan a ningún buen camino.
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Transporte urbano en Paraná: un paso hacia la modernización con desafíos por delante. La secretaria de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Caterina Stickel, explicó que la nueva concesión del transporte urbano en Paraná fue un proceso transparente, participativo y con representación plural, donde se evaluaron tanto aspectos técnicos como económicos de las propuestas. La empresa misionera Transporte San José será la encargada del servicio desde el 7 de diciembre, con un parque móvil compuesto por 77 unidades 0 km, algunas propulsadas a GNC y con un fuerte compromiso en higiene, climatización y tecnología. Se destacó la implementación de una aplicación que permitirá a los usuarios conocer en tiempo real la ubicación de los colectivos y la disponibilidad de rampas para personas con discapacidad, buscando mejorar la previsibilidad del servicio, un factor clave para organizar la vida cotidiana. También se trabajó en el rediseño de recorridos, orientados a líneas troncales y alimentadoras para brindar mayor cobertura territorial, con la aspiración de implementar un sistema integrado similar al exitoso modelo de Posadas. Respecto a los pagos, se impulsará la interoperabilidad con métodos digitales como QR y billeteras virtuales, pensando especialmente en usuarios ocasionales y turistas. Sobre los beneficios para los pasajeros, se mantendrá el boleto estudiantil gratuito universal, así como otras categorías subsidiadas por la municipalidad, que sostiene una tarifa plana solidaria para garantizar la accesibilidad al servicio. Stickel aclaró que los subsidios nacionales fueron eliminados, mientras que la provincia aporta recursos que hoy son fundamentales para la sustentabilidad del sistema, aunque se encuentran en diálogo constante para sostener este financiamiento.En cuanto a las fuentes laborales, remarcó que el vínculo es entre la empresa y los trabajadores, y que la nueva concesionaria deberá gestionar el personal necesario para operar el servicio con experiencia y capacitación adecuada. Finalmente, explicó que la caída del uso del transporte se debió a múltiples factores, desde la pandemia hasta la falta de confianza en el servicio, y que con esta transformación buscan corregir esas falencias para brindar confort, seguridad y previsibilidad a los usuarios. “Este es un paso muy importante hacia la transformación profunda que la intendenta ha planteado, y en la que seguimos trabajando junto al equipo de gobierno para ofrecer un transporte moderno y eficiente pensado para la comunidad”, concluyó.
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“Hoy el Estado está ausente: la emergencia en discapacidad no puede esperar”. La diputada provincial Mariel Ávila, del Frente Más para Entre Ríos, expresó su profunda preocupación por la situación crítica que atraviesan las personas con discapacidad. Frente al recorte de derechos y la falta de respuestas del Estado nacional, presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia en discapacidad en toda la provincia hasta diciembre de 2027.Ávila aseguró que la iniciativa surge tras escuchar a familias, profesionales e instituciones que ven vulnerados derechos que hasta hace poco estaban garantizados. Remarcó que los recortes afectan el acceso a terapias, pensiones, transporte y acompañamiento escolar, y que los prestadores están cobrando tarde y mal, lo que pone en riesgo la atención. Entre los reclamos concretos, mencionó la necesidad de garantizar la cobertura del PMO, el restablecimiento de auditorías médicas en cada localidad, y agilizar el acceso al Certificado Único de Discapacidad, que hoy es engorroso y centralizado. También lamentó que muchos de sus proyectos vinculados a la inclusión educativa, concursos públicos accesibles o la capacitación docente en neurodiversidad nunca llegaron a tratarse. Solo uno, el del nuevo símbolo de discapacidad, fue convertido en ley. Finalmente, pidió voluntad política para que su propuesta no quede cajoneada, y advirtió: “Estamos vulnerando derechos constitucionales y humanos. El Estado no puede mirar para otro lado.”
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