GPS COMUNICACIÓN

Últimas

  • SENADO

  • «Adán Bahl debe ser quien nos represente en el Senado», afirmó Enrique Ríos en el lanzamiento del armado provincial del sector de Rosario Romero. El referente del sector político de Rosario Romero, confirmó que Adán Bahl será el candidato a senador nacional que representa a su espacio dentro del armado provincial del Partido Justicialista. En el encuentro que se realizó en el Sindicato de Pasteleros en Paraná, se puso en marcha formalmente la organización para las candidaturas a legisladores nacionales de este año, con un fuerte apoyo al ex intendente y ex candidato a gobernador. Explicó que dentro de la construcción política que están desarrollando, están incluyendo a referentes de distintas localidades importantes de la provincia, como Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, porque entienden que esos espacios territoriales y políticos son fundamentales para fortalecer una lista de unidad en todo Entre Ríos. Destacó que esas ciudades cuentan con dirigentes y militantes con experiencia y arraigo, lo que aporta solidez al proyecto. En cuanto al proyecto de ley impulsado por el gobierno provincial para crear una nueva obra social en Entre Ríos, Ríos mostró su preocupación y escepticismo. Señaló que, desde su experiencia como militante y dirigente en la Asociación de Trabajadores del Estado, cree que la obra social debe seguir siendo gestionada por los trabajadores, porque es un recurso genuino que no debe ser apropiado por el Estado ni por sectores privados. Considera que las obras sociales administradas por los trabajadores han garantizado hasta ahora una salud inclusiva y con cobertura, y que las fallas o problemas que puedan existir se pueden corregir sin perder esa esencia. Sobre la gestión provincial y nacional, Ríos fue muy crítico con el gobierno nacional por su ausencia activa en la política pública, particularmente en áreas como desarrollo humano y obra pública. Comentó que muchas políticas que antes tenían financiamiento conjunto del Estado nacional ya no existen, lo que dificulta el trabajo de los municipios, que deben usar sus propios recursos limitados para mantener obras o servicios. Además, cuestionó la transferencia de responsabilidades del gobierno nacional hacia los municipios, lo que genera una presión financiera importante.

  • «Esto no es radicalismo, es gorilismo»: Antonio Salas cuestionó la ley OSER y denunció una estatización sin sustento. El dirigente de UCR ACTIVA, criticó con dureza el proyecto de ley del oficialismo que propone disolver IOSPER y reemplazarlo por una nueva obra social estatal, OSER. “Esto no es una mejora, es una estatización sin sustento jurídico, económico ni sanitario”, afirmó, y advirtió que detrás del proyecto hay “marketing, obediencia debida y mucho gorilismo”. “Decir que no se puede permitir que conduzca un sindicato porque son peronistas no es radicalismo, es gorilismo. El radicalismo viene de defender a los trabajadores. Eso también es doctrina radical”, sostuvo, apuntando contra los argumentos ideológicos de quienes dentro del partido acompañan el proyecto. Señaló que el gobierno de Frigerio avanza con una lógica “estatizadora”, quitándole el IOSPER a los trabajadores para convertirlo en un apéndice del Ministerio de Gobierno. “Le dan el manejo a UPCN, sin sustento ni control externo. Esto no tiene sustento jurídico, ni económico, ni sanitario”, afirmó. OSER “está pensada para ser una financiera”, según permite el artículo 2 del proyecto. “La mayoría de los afiliados son jubilados, y eso va a aumentar. Tendrán una demanda creciente con ingresos cada vez más acotados. Están armando un organismo deficitario y sin control”. También expresó su sorpresa ante el acompañamiento del radicalismo oficialista: “No entiendo cómo hay intendentes radicales que apoyan esto. El caso de Manuel Tenenn es una decepción. Es obediencia debida, no convicción”. Para UCR ACTIVA, el camino correcto no es estatizar IOSPER sino incorporarlo al sistema nacional de obras sociales bajo las leyes 23.660 y 23.661, con control externo y fondos federales. “Se podría recibir financiamiento para enfermedades especiales, y tendríamos control de la Superintendencia y de la AGN”, explicó. Consultado sobre su agrupación interna, Salas indicó que UCR ACTIVA se formó para “volver a las fuentes del radicalismo” y representar a quienes se sintieron huérfanos cuando Galimberti y Schneider se pasaron al oficialismo. “Queremos recuperar la doctrina alfonsinista y dar la pelea en el Congreso partidario”.

  • “Nos dejaron sin trabajo para pagar más caro y peor: la intervención del IOSPER es una irregularidad muy grande”. Augusto Escobar, representante de APOCIER, denunció con dureza la situación generada por la intervención en el IOSPER y defendió el trabajo que realizaron durante años como proveedores de insumos médicos en toda la provincia. Aseguró que brindaban un servicio rápido y eficiente, cubriendo incluso urgencias en el mismo día, pese a dificultades económicas y retrasos en los pagos. “Les advertimos que no tenían un plan B”, pero ignoraron el reclamo, lo que obligó a cortar el servicio porque “la deuda era insostenible”. Frente a las acusaciones de sobreprecios y cobros dobles, fue tajante: “No existe tal irregularidad”. Explicó que los precios estaban establecidos por convenio, que cualquier producto fuera del listado era cotizado y comparado con precios de Buenos Aires o Santa Fe, y si encontraban más barato, compraban allí y les descontaban. “No había forma de cobrar algo por fuera”, aseguró, desmintiendo “por supuesto” cualquier connivencia. También denunció que, desde la intervención, el servicio se terceriza con empresas de Buenos Aires que cobran “entre un 50, 70 y hasta un 150% más caras que las nuestras, incluso con las mismas marcas”. Reveló además que “ninguna de esas empresas está inscripta en el registro de proveedores del Estado”, lo cual calificó como “una irregularidad muy grande”. “Todo esto debería investigarlo la justicia”, advirtió, y agregó que las nuevas empresas ni siquiera aportan el 2% obligatorio para la compra de pañales e insumos, algo que sí se les exigía a ellos. Finalmente, el impacto social y laboral ya es grave. “Ya despedí a cuatro empleados”, dijo, y alertó que lo mismo sucede en las demás empresas. La intervención —sentenció— dejó a las empresas sin trabajo, a los médicos sin respuesta y a los afiliados con un servicio deficiente y más costoso.

anteriores