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“Vivimos bajo amenaza latente aunque no haya alerta oficial”. Ante la escalada del conflicto entre Israel e Irán, que ya tuvo repercusiones con ataques en Medio Oriente y una base estadounidense en Qatar, Pablo Soskin explicó que si bien en Argentina no hay una alerta específica, las comunidades judías viven bajo protocolos de seguridad permanentes. “No estamos ajenos, ya sufrimos dos atentados y eso cambió nuestra forma de vivir. Mis hijos crecieron con medidas de seguridad que antes no existían”, lamentó. Soskin contó que la DAIA nacional trabaja coordinadamente con los ministerios de Seguridad nacional y provinciales, y que en Entre Ríos se refuerzan controles según el contexto local. También mencionó que existen medidas especiales en los accesos al país, dado el riesgo de infiltración de personas vinculadas con el terrorismo desde países aliados de Irán, como Bolivia o Venezuela. En cuanto al posicionamiento del presidente Javier Milei, dijo que “fue claro desde el principio, eligió estar del lado de la democracia, de Occidente, junto a Israel y Estados Unidos”. Remarcó que como institución, la DAIA no toma partido en decisiones geopolíticas del gobierno argentino, pero sí observan con atención los vínculos internacionales que podrían afectar la seguridad de las comunidades judías. Sobre la raíz del conflicto, fue contundente: “No es una guerra por tierras o petróleo. Es un odio religioso. Irán no comparte frontera con Israel, pero financia grupos terroristas para atacarlo. El problema es que no buscan un interés económico, buscan destruir al otro por lo que representa”. Finalmente, pidió tranquilidad a la sociedad pero sin ingenuidad: “No hay una amenaza concreta, pero siempre estamos en riesgo porque Argentina tiene una de las comunidades judías más grandes del mundo. No podemos vivir como si nada pasara”.
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“Cuatro muertos, cero presos: la justicia de Entre Ríos le firmó permisos al acusado, le dio la espalda a las madres y protegió al homicida con jueces amigos que siguen cobrando su sueldo”. A un año del trágico accidente vial en el que murieron cuatro jóvenes en San Justo, Lorena Dubini, mamá de Brian y Lucas Izaguirre, dos de las víctimas fatales, denunció públicamente las demoras, irregularidades y privilegios que rodean la causa que involucra al exfuncionario Juan Ruiz Orrico. Fue contundente al señalar que la justicia entrerriana actuó con lentitud, encubrimiento y corrupción. Él nunca estuvo preso. A los jueces les importó más protegerlo que a nuestros hijos». Explicó que la causa ya fue elevada a juicio pero con una carátula que considera irrisoria: homicidio culposo, con una pena de entre 3 y 6 años. “Por matar a cuatro gurises, alcoholizado, a alta velocidad y con un vehículo del Estado, no puede ser que la pena sea esa. Es una burla. Tiene que ser homicidio con dolo eventual, con condenas de hasta 25 años”. Denunció que en la causa ya se excusaron 11 jueces, muchos de ellos por vínculos personales o familiares con el acusado. “Si se excusás por ser amigo del homicida, no estás capacitado para ser juez. Pero igual cobran su sueldo a fin de mes. Acá no hay justicia, hay impunidad”. También apuntó al fiscal Eduardo Santos, que no acompañó el pedido de cambio de carátula. “Le pedí hablar de madre a fiscal. Me dijo que si lo condenan a seis años y hubiera estado preso, se le descontarían. Pero él nunca estuvo preso. Es evidente que a la justicia la ganó la corrupción”. Sobre Ruiz Orrico, confirmó que ni él ni sus abogados se presentaron nunca en persona a las audiencias, a pesar de vivir muy cerca del lugar. “Yo me fui en moto hasta Concepción del Uruguay, él con todos los medios fue por Zoom. Está en libertad total”. Según relató, las únicas medidas que tiene el acusado son la retención del carnet de conducir, la obligación de presentarse una vez por semana en fiscalía y la necesidad de pedir permiso para salir de la provincia, permisos que se le siguen autorizando. También reveló que recibieron un ofrecimiento de dinero para cerrar un juicio abreviado: “La vida de un hijo no tiene precio. Quiero que vaya preso 15 años. No aceptamos nada”. En cuanto a lo judicial, informó que el juez designado para la causa es Darío Crespo, de Gualeguaychú, y que el pedido central sigue siendo el cambio de carátula y que se fije la fecha del juicio. Aún no se sabe dónde se realizará, aunque el juicio civil fue planteado en Paraná para garantizar imparcialidad. Sobre sus hijos, recordó entre lágrimas que Brian tenía 31 años, era árbitro federal, y Lucas 26, papá de un nene de 7 años. “Mi casa está en silencio. Ellos salieron a trabajar, y yo todavía espero que vuelvan. Me atraviesa el alma”, expresó. “La justicia es un derecho, y nos lo están negando. Que levanten la voz, nadie está exento de esto”.
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Azcue atropella la autonomía del Concejo, oculta irregularidades y destruye la alimentación infantil en Concordia. La concejal Carolina Amiano planteó una crítica contundente hacia la gestión del intendente, denunciando que ha impuesto decretos que vulneran la autonomía del Honorable Concejo Deliberante, un poder independiente del Ejecutivo. Esta maniobra, que imita el estilo autoritario de otros niveles de gobierno, busca eliminar empleados históricos y reducir el personal de manera arbitraria y sin ofrecer reubicaciones claras, dejando a 15 trabajadores con más de 18 años de antigüedad sin lugar para desempeñarse. Adviertió que estas decisiones podrían derivar en juicios laborales que Azcue deberá afrontar. Además, señala que el argumento oficial de “austeridad” es falso y engañoso, ya que el gasto en salarios de funcionarios públicos absorbe más del 60% del presupuesto municipal. Los recortes de personal no representan un verdadero ahorro, sino una estrategia mediática para disfrazar la precarización del Estado local. Un punto grave de la denuncia recae sobre los comedores escolares y los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en Concordia, donde la alimentación y el cuidado de los niños más vulnerables están en riesgo. Reveló que hay dos empresas proveedoras familiares, vinculadas entre sí, que manejan la entrega de alimentos y están bajo sospecha por presunto desvío millonario. Además, el personal denuncia maltratos y abusos de autoridad, y la información oficial es poco clara y muchas veces oculta en la página de transparencia municipal. Los recortes no solo afectan a la cantidad de personal sino que también impactan directamente en la calidad y cantidad de alimentos que reciben los niños, muchos de ellos en situación de alta vulnerabilidad social, cuyos padres trabajan en changas y necesitan que sus hijos estén bien contenidos y alimentados durante largas jornadas en los CDI. La concejal criticó fuertemente la idea de reducir las comidas a una “copa de leche” y trasladar centros sin contemplar las verdaderas necesidades del territorio. En cuanto a la gestión económica, denunció la desaparición de un fondo anticíclico que servía para emergencias, inversiones poco claras e incluso pérdidas millonarias por malas operaciones con la compra de dólares. Mientras tanto, en Concordia se percibe la falta de obras públicas básicas como el mantenimiento de calles y la recolección de residuos, evidenciando una gestión que no da respuestas concretas a la comunidad. Denunció que Azcue responde con chicanas y ataques a la oposición en vez de afrontar las críticas y rendir cuentas claras, mostrando una inexperiencia que afecta gravemente el funcionamiento de la ciudad. En definitiva, la gestión actual precariza derechos fundamentales, oculta información y vulnera la autonomía democrática, mientras pone en riesgo la alimentación y el desarrollo de los niños más necesitados.
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