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«Por culpa del IOSPER mi papá murió»: la hija de Gustavo Godoy apuntó con dureza contra Mariano Gallegos. Ludmila, hija del trabajador municipal que falleció esperando un marcapasos que debía ser provisto por la obra social IOSPER, cuestionó duramente al interventor, por brindar una versión “falsa” de los hechos y por “mentirle a la sociedad”. “La verdad es que tuve que escuchar lo que dijo este señor”, expresó Ludmila en relación a los dichos de Gallegos, quien aseguró públicamente que el dispositivo estaba disponible y que no fue implantado porque el paciente no estaba en condiciones. “No fue así”, lo desmintió tajantemente. “Cada reunión que teníamos con los médicos nos decían que mi papá estaba bien, que era una operación sencilla y que teníamos que esperar el marcapasos. El marcapasos nunca llegó”, remarcó. Gustavo Godoy ingresó a la Clínica Entrerriana el 28 de febrero y falleció el 13 de marzo. Durante esas dos semanas, según Ludmila, el equipo médico hizo múltiples pedidos a la obra social sin obtener respuesta. “El médico lo solicitó muchas veces, en distintos horarios. Nunca llegó. Yo iba a IOSPER, preguntaba, y siempre me decían lo mismo: que estaba autorizado. Pero ahora me encuentro con un papel que dice que no estaba auditado”, denunció. A esto se suma el silencio total de la conducción del IOSPER tras la muerte del afiliado. “Ninguna autoridad se comunicó con nosotras. Nada. Ni un mensaje. Ni una llamada. Fue una falta de respeto muy grande. Desgraciadamente somos un número más”, lamentó Ludmila, quien junto a su madre ya inició trámites legales. “Mi papá no tenía ninguna de las complicaciones que dijo Gallegos. No tuvo septicemia. Estaba consciente, estaba bien, no tenía ninguna otra patología. “Mi papá ya no me lo van a devolver, pero no quiero que sufra nadie más. Uno paga, se le descuenta, tiene que tener las cosas al día. Y esto fue una falta de respeto total. No quiero que ninguna familia más pase por esto”, concluyó Ludmila.
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Trabajadores gastronómicos denuncian persecución gremial y gastos excesivos: “No nos dejan competir porque saben que les ganamos”. Alan Schombor, representante de los trabajadores hoteleros y gastronómicos de Federación, denunció públicamente una situación de “avasallamiento” por parte del Secretario General del gremio, Julio Roh, e informó que no les permiten presentar una lista alternativa en las elecciones. «Es fácil: si nos dejan competir, les ganamos». “Empezamos como delegados, después pasé a secretario de organización, y hoy somos cuatro compañeros representando a Federación”, señaló. Sin embargo, denunció que la conducción actual no permite la participación democrática: “Queremos tener una propuesta diferente, pero por eso se ensañan. Caminamos hotel por hotel, escuchamos a cada trabajador, no como ellos que no pisan los lugares de laburo”. Una de las situaciones que marcó el quiebre, fue el despido de un compañero de 60 años que no estaba involucrado en ninguna interna. “Ahí nos dimos cuenta que no querían escuchar a nadie. Nos dolió mucho, y no lo vamos a permitir”. También denunció un fuerte despliegue de seguridad en la sede gremial de Federación. “Pusieron tres policías adicionales todos los días. Yo no puedo ni acercarme al gremio, siendo afiliado. No puedo llevar a mis hijos al médico. Mis hijos viven justo enfrente del gremio con la mamá, y tengo que ir a verlos después de las cinco de la tarde, cuando cierra la sede. Es una locura”. Sobre los gastos del sindicato, fue tajante: “Nosotros hicimos muchísimas actividades sin un solo peso del gremio, gestionando con esfuerzo y apoyo publicitario. Siempre la respuesta fue ‘no hay plata’. Pero ahora viajan todos los días desde Concordia a Federación, ponen policías… parece que plata sí hay, pero para otras cosas”. Por último, convocó a la asamblea extraordinaria que se realizará el lunes 12 de mayo a las 15 horas en la ciudad de Concordia. “Todo trabajador que quiera participar tiene que presentarse con carnet del sindicato y DNI”, informó.
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«La justicia está actuando y eso nos da tranquilidad»: investigan posible falsificación de firma en la comuna de Saúl Montrull. La presidenta comunal de Saúce Montrull, Soledad Daneri, confirmó que la justicia entrerriana avanza en la investigación de una denuncia por la presunta falsificación de firma en una nota de renuncia presentada en 2023. El caso involucra a la vocal comunal Pamela Maldacena, quien negó rotundamente haber redactado o firmado el documento que llevaba su nombre y que fue entregado por su compañero de bancada, Leonardo Claús. “La justicia está actuando y eso nos da tranquilidad. Nosotros como comuna hicimos lo que teníamos que hacer: dimos aviso a la fiscalía y pusimos todo a disposición”, expresó Daneri, quien remarcó la gravedad del hecho no solo desde lo penal, sino también desde lo institucional. El expediente quedó a cargo de la fiscal Mercedes Nin, quien ya ordenó una serie de medidas, entre ellas una pericia caligráfica y la toma de declaraciones testimoniales. “Cuando fuimos a notificar a la vocal junto con el jefe de comisaría, ella dijo que no había renunciado, que no era su firma, y manifestó claramente su intención de seguir en funciones. Ahí entendimos que estábamos ante una situación muy delicada”, relató la presidenta comunal. Daneri fue contundente al afirmar que se trató de “una maniobra política” destinada a desplazar a Maldacena para cubrir ese lugar con otra persona. “Esto atenta directamente contra el funcionamiento democrático de una institución. No se puede permitir que se falseen documentos para alterar la representación votada por el pueblo”, sostuvo. Desde la comuna decidieron elevar toda la documentación a la justicia y también al Tribunal de Cuentas. “Tenemos que cuidar las instituciones. No podíamos mirar para otro lado. Hicimos lo correcto y confiamos plenamente en el accionar judicial”, subrayó Daneri, quien además destacó que están asesorados legalmente en todo momento. “La diferencia entre la firma de esa nota y la firma real es clarísima, a simple vista se nota que no coincide. Confiamos en que la pericia va a dejar todo más que claro”, agregó. Mientras avanza la causa, la comuna de Saúce Montrull continúa funcionando con normalidad. Daneri sostuvo que se trata de “un hecho aislado”, pero que debe ser esclarecido hasta las últimas consecuencias: “No hay que naturalizar estas prácticas, porque dañan la democracia desde adentro”.
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