Velázquez: “No hay contratos truchos, hay decisiones políticas”. El abogado José Velázquez, defensor de Hugo Mena y Flavia Beckman, aseguró que los contratos investigados en la causa legislatura “eran regulares, lícitos y tenían respaldo presupuestario”. Sostuvo que sus defendidos no son quienes deben dar explicaciones y que “quienes pueden responder son los contratantes, es decir, los legisladores, de cualquier partido político”. Rechazó que exista una “causa contratos 2”, ya que, según su postura, “si los contratos fueran ilegales ya habría una nueva causa abierta”. Además, remarcó que los testigos que quiere presentar la Fiscalía “no son víctimas, son partícipes” y que “van a ir a reconocer un delito y a tener que devolver plata al Estado”. Velázquez explicó que la causa tiene un alto contenido político: “no es lo mismo contratar a alguien para limpiar calles que contratar dirigentes o asesores políticos; son decisiones que tienen otra lógica”. También aclaró que los montos denunciados por la Fiscalía —alrededor de 53 millones de dólares— responden a “una tesis con la que no coincidimos”.
El contador y docente universitario Roberto Schunk trazó un duro diagnóstico sobre la situación económica y social actual, tras el levantamiento del cepo y la nueva cotización del dólar. Explicó que en Argentina hay 11 millones de trabajadores registrados, de los cuales 7 millones y medio pertenecen al sector privado y 3 millones y medio al sector público, pero advirtió que la otra mitad de la fuerza laboral es informal. «El 50% son trabajadores informales», recalcó. Respecto a los jubilados, detalló que de los más de 7 millones que paga la ANSES, el 61% accedió a su jubilación a través de moratorias y el 75% cobra menos de 400.000 pesos. Por eso, cuestionó con firmeza los discursos que alientan a ahorrar en dólares: “No le podemos decir a un jubilado que compre dólares, cuando no le alcanza ni para llegar a fin de mes. Me parece una falta de respeto”.Criticó duramente las medidas impuestas por el FMI, a las que calificó de “condicionalidades”. Dijo que eliminar subsidios en luz y gas afecta directamente a la clase media, y que el informe del Fondo habla también de reformas previsional, impositiva y laboral. “Si ya tenemos el 50% de informalidad, hablar de flexibilización laboral es hablar de esclavitud”, expresó. Además, recordó que la moratoria previsional terminó en marzo, lo que significa que el año próximo 243.000 personas no podrán jubilarse, en su mayoría mujeres. “¿De qué van a vivir?”, se preguntó. Jun señaló que el gobierno prioriza cumplir con el FMI por sobre las necesidades sociales: “Al que no le vamos a dejar de pagar es al Fondo”, afirmó, y agregó con ironía: “Podemos llegar a la estabilidad… también en el cementerio hay estabilidad”. También advirtió sobre el modelo extractivista que, según él, impulsa el gobierno. “¿A qué viene el secretario del Tesoro de EE.UU. a la Argentina? No viene a abrazarse con los jubilados. Vienen a ver qué van a hacer con nuestros recursos naturales: el litio, vaca muerta, el cobre, el oro”. Relacionó este modelo con el agroexportador que reivindica el presidente Javier Milei y recordó que en aquella época sólo el 1 o 2% de la población votaba, en un país donde el 77% era analfabeto. “De eso estamos hablando”, dijo, y alertó que vamos camino a repetir esa historia. Como salida, sostuvo que no hay otro camino que la producción y el trabajo con agregado de valor en las economías regionales. Frente a la devaluación del 16%, explicó que los precios ya venían subiendo por expectativas y que ahora se va a seguir profundizando: “Esto es automático. Nadie quiere vender si no sabe a cuánto va a reponer. Ya están remarcando en las góndolas”. Finalmente, advirtió que esta inflación —que podría superar el 4% mensual— significa una redistribución del ingreso en contra de los trabajadores. “Las paritarias se ajustaron entre 1 y 1,5% en marzo, pero la inflación fue del 3,7. Siempre pagan los mismos”.
Héctor Maya, dirigente del Partido Justicialista (PJ), brindó su análisis sobre la situación del PJ entrerriano en vista de las elecciones de 2025. Aseguró que el partido necesita hacer una profunda autocrítica tras los resultados de la última elección, y destacó la importancia de restaurar la confianza de la gente. Según Maya, esto pasa por recuperar una vida interna democrática y transparente, donde los afiliados puedan participar activamente en la selección de candidatos. También resaltó que el peronismo debe presentar propuestas concretas para resolver los problemas centrales de la sociedad, como la desocupación y el deterioro salarial, y no ser percibido como una «franquicia» vacía de contenido. Además, señaló que la campaña electoral no debe depender únicamente de redes sociales y tecnologías, sino que los candidatos deben volver a tener un contacto cercano con la gente, recorriendo los barrios y comprometiéndose personalmente. Maya también habló sobre cómo recuperar la confianza de la sociedad. Aseguró que la clave está en una oposición constructiva y en presentar propuestas que apunten a generar fuentes de trabajo. Criticó la gestión del gobierno nacional y provincial, especialmente en lo que respecta a la falta de respuestas para generar empleo. Destacó que el peronismo debe centrarse en la dignidad del salario y el trabajo, un valor profundamente humano que, según él, diferencia al peronismo de otros sectores políticos, como el de Javier Milei, quien prioriza la economía financiera por encima de las necesidades laborales de la gente. Finalmente, Maya presentó una propuesta concreta para mejorar la infraestructura provincial. Propuso cobrar un «pasaporte de circulación» a los camiones extranjeros que transitan por las rutas entrerrianas sin pagar peaje. Explicó que esta medida, similar a la que implementa Uruguay, sería legal y contribuiría a financiar el mantenimiento de las rutas, evitando que los entrerrianos paguen por su destrucción mientras los camiones extranjeros circulan gratis.