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  • Confirman que Edgardo Kueider transportaba dinero de contrabando: le incautaron el efectivo y el vehículo. La Gerencia de Aduanas de Paraguay confirmó la sentencia en primera instancia en el caso del exsenador argentino Edgardo Kueider, quien fue interceptado en un control aduanero transportando más de 200.000 dólares en efectivo sin declarar. La sanción impuesta incluye el decomiso del dinero y del vehículo utilizado en la maniobra, ya que, según las normativas paraguayas, el efectivo es considerado mercadería y está sujeto a reglas estrictas de declaración. El gerente de Aduanas de Paraguay, Juan Olmedo, explicó el proceso que se lleva a cabo en estos casos: “Cuando se trata de un proceso de esta tipología, primero se lleva adelante un juicio administrativo con dos etapas”. En esta primera instancia, se determinó la infracción aduanera y se impuso la sanción correspondiente. Olmedo enfatizó que, según las normas vigentes, “hay que declarar al ingresar al país cuando el monto supera los 10.000 dólares, y en este caso se ha demostrado el incumplimiento de esta norma”. Como resultado, las autoridades dispusieron el decomiso tanto del dinero como del vehículo, dado que fueron utilizados en la infracción. La sentencia ya fue notificada a las partes y, según explicó el funcionario, “tienen cinco días hábiles para presentar una reconsideración o aportar nuevos elementos de juicio que puedan ser evaluados en una segunda instancia”. De no mediar cambios, el dinero será depositado en las arcas fiscales y la camioneta subastada en un remate público, destinándose lo recaudado también a las finanzas del Estado. Con esta decisión, las autoridades paraguayas refuerzan su política de control sobre el contrabando de dinero y subrayan la obligación de cumplir con las normativas aduaneras vigentes.

  • Licitación del transporte en Paraná: «La evaluación es una trampa» para los choferes actuales, la licitación del servicio de transporte urbano de pasajeros en Paraná está generando gran preocupación entre los choferes, quienes temen perder sus empleos debido a la forma en que está planteada la evaluación en el Pliego de Bases y Condiciones. Gustavo Bernal, chofer de la Línea 9, calificó este proceso de evaluación como «una trampa», ya que el documento establece que la nueva empresa concesionaria puede priorizar a los choferes actuales para ser contratados, pero no está obligada a hacerlo. Según el pliego, la evaluación de los choferes será facultad exclusiva del nuevo concesionario. Esto implica que, aunque la empresa tenga la prioridad de evaluar a los choferes, no está obligada a mantenerlos en el puesto de trabajo, generando una gran incertidumbre sobre la continuidad de los empleados actuales. “Lo que dice el pliego es que la empresa tiene la prioridad de evaluar, pero no está obligada a tomarnos a todos”, comentó Bernal. Ante esta situación, los choferes están evaluando tomar medidas de protesta, aunque algunos temen que esto pueda poner en peligro aún más sus trabajos. Bernal sugirió que, antes de hacer cambios en los recorridos, el municipio debería consultar a los choferes, quienes son los que mejor conocen las necesidades de los pasajeros. “La gente, el que anda en el colectivo, el chofer, el que te va a saber explicar todo y que te va a hacer hacer un buen recorrido para mejorar el servicio, para que la gente tenga, es el chofer”, indicó. Además, destacó la importancia de que los responsables de la licitación se sienten a dialogar con los choferes para llegar a un acuerdo que beneficie a todas las partes involucradas. El futuro de los choferes está en juego, ya que, si la nueva empresa decide no contratarlos, aproximadamente 130 familias podrían quedar sin empleo y el servicio de transporte se vería gravemente afectado. Esta incertidumbre sigue siendo un tema clave en las discusiones sobre la licitación, mientras los trabajadores esperan respuestas claras sobre su futuro laboral.

  • “La Policía no puede ser la única respuesta”: fuerte crítica por la falta de abordaje del consumo en los barrios. Anabela Albornoz, referente de Suma de Voluntades, denunció la ausencia de un abordaje integral ante el consumo problemático en los barrios populares y cuestionó el rol exclusivo de la Policía en la respuesta del Estado. “No podemos seguir creyendo que el problema se soluciona solo con patrulleros y detenciones. La Policía no puede ser la única respuesta”, afirmó. La situación se agrava día a día y las organizaciones sociales que trabajan en el territorio no encuentran respuestas de las autoridades. “Nosotros vemos todos los días a los pibes consumiendo en la calle, en los pasillos de las villas, y no hay un Estado presente con políticas reales. Se nos están muriendo, y parece que nadie hace nada”, advirtió. Criticó que la respuesta estatal sigue siendo represiva en lugar de preventiva y sanitaria. “La gente pide más seguridad, pero la seguridad no es solo más policías. Si no hay contención, si no hay espacios de rehabilitación, si no hay laburo, la violencia no va a parar”, explicó. Además, alertó sobre el aumento de la violencia en los barrios como consecuencia de esta falta de abordaje integral. “Cada vez vemos más situaciones de desesperación. La gente se pelea por un pedazo de pan, por un cartón, porque no hay oportunidades. Y cuando alguien entra en el consumo, no tiene ninguna salida”, lamentó. Es urgente que el Estado implemente políticas concretas y no delegue toda la problemática en las fuerzas de seguridad. “No se trata solo de detener, sino de acompañar, de generar oportunidades, de abrir centros de atención. Si seguimos mirando para otro lado, vamos a seguir contando muertos”, concluyó.

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