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Azcué defendió el ajuste, justificó el cierre de la radio pública y cuestionó a las universidades. El intendente de Concordia, Francisco Azcué, respaldó las políticas del Gobierno nacional y provincial, defendió los recortes en áreas sensibles y cargó contra el “populismo” y las gestiones anteriores. En una extensa entrevista con Radio UNER, el jefe comunal ratificó su alineamiento con el gobernador Rogelio Frigerio y con el presidente Javier Milei, afirmando que “Argentina debe madurar y dejar atrás el asistencialismo”. Azcué sostuvo que Concordia “es una ciudad con enorme potencial, pero con 40 años de populismo encima”, y aseguró que la gestión actual “vino a poner orden”. Afirmó que su administración “bajó 45% el gasto público” y que la prioridad es “ser eficientes y eliminar el despilfarro”. En ese sentido, enumeró medidas como la eliminación de tasas, la digitalización de compras y la reducción de personal. Detalló que se realizaron auditorías junto a la Universidad Nacional del Litoral y que se presentaron denuncias penales por presuntas irregularidades en la gestión anterior. “Encontramos barbaridades: títulos truchos, vales de GNC cuando el municipio no tiene autos a GNC, gente que ni vivía en Concordia y cobraba, punteros con salones tomados. Esto era un kiosco por todos lados”, denunció. La decisión de cerrar la radio municipal, justificó la medida diciendo que “el Estado no está para sostener una radio pública”. “Todo mi cariño y respeto para los periodistas, pero el municipio no tiene que ocuparse de eso. Tenemos que concentrarnos en lo prioritario”, respondió ante la crítica de que se trata de una decisión política que silencia voces. Ajuste, universidades y hospitales: “No se puede financiar sin decir de dónde sale la plata”. “Cada vez que querés financiar algo, tenés que decir de dónde sale la plata. No se puede volver al déficit fiscal. Queremos que se auditen las universidades, ver las facturas, porque son recursos públicos. ¿Qué quieren ocultar?”. También cuestionó el sistema previsional: “Reventaron el sistema jubilando millones de personas sin aportes. Esas políticas demagógicas tienen consecuencias”. Concordia: obras con recursos municipales. “Somos normales, administramos con seriedad. Cerramos áreas que no eran prioritarias, invertimos en infraestructura, agua potable y drenaje urbano. Bajamos el gasto público y cuidamos cada peso de los concordienses”. Rechazó los reclamos del peronismo, que se adjudicó la obra del aeropuerto local:“No pusieron un peso. Esa obra fue gestionada por Frigerio cuando era ministro del Interior. Que no se golpeen el pecho por lo que no hicieron”, disparó.
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“Azcué usa una auditoría trucha para tapar su incapacidad: Concordia se cae a pedazos”. La ex diputada nacional y abogada de Enrique Cresto, María de los Ángeles Petit, cuestionó, la decisión del intendente de Concordia, Francisco Azcué, de presentar ante la Justicia una auditoría contra la gestión anterior. “Esa auditoría está publicada desde hace meses en la página de la Municipalidad, cualquiera puede verla. No es un trabajo serio: es una auditoría por correo electrónico, alguien frente a una computadora que recibe balances y presupuestos, y en base a eso escribe un informe. No hubo análisis in situ, ni se miraron expedientes, ni se revisaron las normas que dieron origen a las decisiones de gobierno”, denunció. Petit remarcó que la contratación fue por 19 millones de pesos en forma directa a la Universidad Nacional del Litoral, eludiendo la ordenanza de contrataciones y cambiando incluso el objeto del contrato: “Se pagó para hacer una auditoría, pero en realidad se facturó como asistencia contable. Allí está la verdadera irregularidad”. “Se utiliza una vez más el sistema judicial como herramienta de marketing, en un momento desfavorable para el gobierno nacional y a pocos días de las elecciones. No hay un hecho concreto ni una investigación administrativa previa que determine un delito. Mandan 200 páginas a un fiscal para que busque algo, es vago, es impreciso y es absolutamente irregular”. “La Justicia no está para controlar la administración. Está para investigar delitos concretos. Una decisión política puede gustar o no, pero no constituye un delito. Con este tipo de denuncias se engaña a la gente y se pretende engañar a la Justicia poniéndola en un rol que no le corresponde”. “Es una excusa para no hacer nada. En Concordia no se hizo una obra en dos años y medio. Se privatizó la ayuda social, la ciudad se cae a pedazos y como no pueden mostrar gestión, montan este tipo de operaciones para simular transparencia. Se tapa la incapacidad de gobernar con denuncias armadas y titulares vacíos”. Con un tono categórico, cerró: “Lo que hay acá es un intento desesperado de mostrar una imagen contra el peronismo y la corrupción, cuando en realidad lo que falta es gestión, trabajo y obras. La auditoría no descubre nada: es puro artificio para encubrir la ineficiencia de un gobierno que no sabe cómo conducir Concordia”.
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“Escalan las tensiones en Gualeguaychú: la Dirección de Trabajo llegó con la Policía para controlar la protesta de ATE”. El conflicto en Gualeguaychú entre el municipio y los trabajadores de Obras Públicas no deja de crecer. Esta mañana, una camioneta de la Dirección Provincial de Trabajo arribó al lugar de la protesta acompañada por la Policía, en un gesto que fue leído por los manifestantes como una maniobra de intimidación. Los empleados municipales, nucleados en ATE, sostienen asambleas y retención de servicios en reclamo de ropa de trabajo, condiciones mínimas de seguridad laboral y el pago de un adicional comprometido por el propio intendente. Sin embargo, lejos de abrir un canal de diálogo, la Secretaría de Trabajo declaró ilegal la medida de fuerza, decisión que el gremio consideró “arbitraria e inconstitucional”. El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, reaccionó con dureza a la postura oficial: “Nos sorprendió y nos shockeó que nos traten de mafia. Nosotros reclamamos lo que nos corresponde: condiciones de higiene, seguridad, salario y un adicional que el Ejecutivo prometió y no cumplió. Eso no es mafia, es ejercer un derecho”. Muntes insistió en que las guardias mínimas siempre se garantizan y advirtió que el accionar de la Delegación de Trabajo “solo busca amedrentar a los trabajadores en lugar de escuchar sus demandas”. El conflicto también tiene un fuerte trasfondo político. Davico responsabilizó públicamente a ATE de impedir la inauguración de la planta asfáltica y los tildó de “mafia sindical kirchnerista”. Las declaraciones encendieron la bronca de la dirigencia gremial y de los propios trabajadores, que hablan de persecución política y desprecio hacia quienes llevan décadas en el municipio. ATE anticipó que reforzará las medidas con la presencia de delegaciones de toda la provincia y advirtió que, si no hay voluntad de negociación, la protesta podría extenderse a otros municipios.El panorama en Gualeguaychú es de máxima tensión: acusaciones cruzadas, medidas judiciales, intervención policial y un intendente que, lejos de calmar las aguas, profundiza la confrontación con los trabajadores municipales.
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