«Quedo demostrado que el problema de Concordia no era el peronismo, es la falta de un modelo de desarrollo local». El dirigente justicialista Armando Luis Gay analizó la actualidad política de Concordia, el proceso de reorganización del peronismo y cuestionó con dureza la gestión del intendente Francisco Azcué, al considerar que la ciudad carece de un modelo de desarrollo y que el ajuste impulsado por el municipio perjudica a los sectores más vulnerables. Sobre la situación interna del PJ, sostuvo que el partido debe aprender de la derrota electoral y reconoció que aún resta realizar una autocrítica profunda. Sin embargo, afirmó que el contexto político obliga a priorizar la construcción de una alternativa frente a los gobiernos nacional y municipal. En ese marco, defendió la unidad del peronismo, aunque aclaró que las elecciones internas son un mecanismo «noble» y no deben descartarse para definir candidaturas. Respecto de la gestión de Francisco Azcué, Gay aseguró que quedó demostrado que «el problema de Concordia no era el peronismo», sino la ausencia de un proyecto de desarrollo local. También criticó la alianza política del intendente con La Libertad Avanza, al sostener que esa visión busca achicar el Estado en lugar de hacerlo más eficiente. Entre los cuestionamientos a la administración municipal, rechazó el cierre de Radio Ciudadana, al considerar que era un espacio donde se expresaban todas las voces, y cuestionó la tercerización del servicio de recolección de residuos, al afirmar que la nueva empresa cobra más dinero ofreciendo menos prestaciones. Consultado sobre las causas judiciales que involucraron a ex dirigentes peronistas, evitó profundizar en casos particulares y señaló que es la Justicia la que debe actuar. No obstante, remarcó que el peronismo necesita reconstruir la confianza de la sociedad para volver a ser una alternativa de gobierno. En relación con la reforma previsional impulsada por el Gobierno provincial, sostuvo que cualquier modificación debe garantizar la sustentabilidad del sistema, pero sin afectar el principio de justicia social ni hacer recaer el mayor esfuerzo sobre jubilados y trabajadores. Una postura similar expresó respecto de la creación de la nueva obra social provincial (OCER), al señalar que toda reforma debe proteger a quienes tienen menos posibilidades de afrontar nuevos costos. Finalmente, cuestionó a los legisladores peronistas que acompañan proyectos del gobernador Rogelio Frigerio, al considerar que quienes fueron elegidos por el voto justicialista deben respetar el mandato político recibido y responder ante el partido y la ciudadanía por sus decisiones.
«La causa fue un armado político-judicial para sacarme de la cancha y voy a ir contra los responsables». El ex senador Edgardo Kueider, condenado en Paraguay por tentativa de contrabando, sostuvo que el fallo «no se ajusta a derecho», negó que los 200 mil dólares fueran suyos, aseguró que fue víctima de una «condena mediática» y afirmó que tiene documentación para demostrar que la causa Securitas fue «maliciosamente armada». También apuntó contra sectores políticos entrerrianos y anticipó acciones judiciales. La condena dictada por la Justicia paraguaya contra Edgardo Kueider por tentativa de contrabando volvió a poner al ex senador entrerriano en el centro de la escena. En una extensa entrevista con GPS, aseguró estar «decepcionado» por el fallo, sostuvo que la sentencia «no se ajusta para nada a derecho» y adelantó que apelará la resolución mientras continúa bajo prisión domiciliaria en Asunción. «Considerar el dinero como mercadería, como si fuera un ropero o una silla, no es así. La gran mayoría de los países del mundo dejaron hace rato de considerar el dinero efectivo como mercadería y, por lo tanto, no constituye contrabando», sostuvo. Uno de los momentos de mayor tensión de la entrevista se produjo cuando fue consultado sobre el origen de los más de 200 mil dólares secuestrados en Paraguay. «Me cansé de responder esa pregunta. Lo sostengo una vez más: ese dinero no era mío», respondió. También rechazó de manera terminante las versiones que relacionaron el dinero secuestrado con su voto favorable a la Ley Bases. «Eso forma parte de un operativo impulsado por un sector de la política que necesitaba encuadrar la Ley Bases en un acto de corrupción. La respuesta es un rotundo no», enfatizó. «Le vino como anillo al dedo lo de Ciudad del Este. Lo instalaron algunos amigos de Entre Ríos y sectores políticos de Buenos Aires. Se hicieron acuerdos de pauta, se difundió esa versión y terminó convirtiéndose en una bola de nieve de una mentira enorme», aseguró. «Tengo elementos muy contundentes para demostrar que la causa Securitas fue armada en forma maliciosa, al menos por parte del fiscal. Eso debería ser un escándalo político y jurídico», señaló. También adelantó que iniciará acciones judiciales. «Voy a demostrar mi inocencia y después voy a accionar contra los responsables, uno por uno», advirtió. Kueider apuntó contra el fiscal de la causa argentina y sostuvo que existe una persecución política vinculada al kirchnerismo. «Toda la línea que tengo documentada viene por ahí. La jueza convalidó cuestiones que le presentó el fiscal. No sé si lo hizo de buena fe o por desconocimiento, pero voy a demostrar con documentos que todo lo que me armaron es falso», sostuvo. Consultado sobre su relación con el ex gobernador Gustavo Bordet, aseguró que desde que estalló el caso nunca recibió un llamado. «Ni este año ni el anterior habló conmigo. Me hubiera alcanzado con que alguna vez me llamara para preguntarme cómo estaba», expresó. Finalmente, explicó que la apelación en Paraguay podría demorar varios meses y estimó que, salvo un cambio en la resolución judicial, continuará en ese país al menos hasta el próximo año. «Mi mayor preocupación es defenderme en la Justicia. Estoy impaciente por volver a la Argentina para demostrar que todo lo que me han armado es totalmente falso», concluyó.
UTEP pidió garantías para los tarjeteros y denunció demoras en la asistencia alimentaria. La referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) en Paraná, Tamara Berales, reclamó mayor claridad sobre la implementación del nuevo sistema de estacionamiento medido y exigió garantías para la continuidad laboral de los tarjeteros. Además, denunció que desde hace casi cuatro meses los comedores y merenderos de la organización no reciben partidas alimentarias del Gobierno provincial. En diálogo con GPS, Verales explicó que durante esta semana se renovaron por tres meses las credenciales de los tarjeteros, mientras continúa el proceso de evaluación de las empresas interesadas en operar el nuevo sistema de estacionamiento medido. La dirigente señaló que uno de los principales problemas es la falta de información hacia la ciudadanía y hacia los propios trabajadores. «Hay mucha gente que cree que el estacionamiento tarifado ya no está vigente y, por eso, considera que no tiene que pagarles a los tarjeteros. Eso genera situaciones muy incómodas todos los días», afirmó. Indicó que solicitaron al municipio una campaña de comunicación para aclarar que el sistema actual continúa funcionando hasta que entre en vigencia el nuevo esquema. Berales sostuvo que la principal incertidumbre pasa por la incorporación de los actuales tarjeteros al nuevo sistema. Aseguró que todavía no conocen el contenido del pliego licitatorio ni los criterios que utilizará la futura empresa adjudicataria. «No sabemos cuántos trabajadores van a ingresar, quiénes serán incorporados ni qué pasará con los que queden afuera», advirtió. Berales aclaró que la jornada de protesta realizada esta semana estuvo vinculada principalmente a la situación de los comedores y merenderos. Según indicó, la UTEP administra 41 espacios comunitarios que asisten semanalmente a más de 600 familias y hace casi cuatro meses no reciben partidas alimentarias. La dirigente sostuvo que la organización atraviesa un fuerte retroceso en materia de políticas sociales. Explicó que, además de la interrupción en la entrega de alimentos, permanecen paralizados distintos programas y convenios destinados a cooperativas de trabajo. «Nos están llevando a discutir por dos paquetes de fideos cuando lo que queremos debatir es una agenda de tierra, techo y trabajo», expresó. Berales agregó que el aumento de personas que concurren a comedores y merenderos refleja el deterioro social y económico de los barrios populares. Finalmente, indicó que el Gobierno provincial se comprometió a informar entre esta semana y la próxima si finalmente reanudará la entrega de alimentos para los espacios comunitarios administrados por la UTEP.