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UNER eligió nuevas autoridades: Arbelo será rector hasta 2030 con amplio respaldo. La Universidad Nacional de Entre Ríos (Universidad Nacional de Entre Ríos) renovó su conducción y definió el rumbo institucional para los próximos cuatro años. En una Asamblea Universitaria con fuerte participación y consenso, la fórmula integrada por Juan Manuel Arbelo y María Carla Mántaras fue elegida para encabezar el rectorado durante el período 2026-2030. La sesión se desarrolló en Villaguay y contó con una presencia del 93,76% de los asambleístas, con un contundente 92% de votos positivos. La lista se presentó como única, reflejo de un acuerdo amplio dentro de la comunidad académica. Arbelo, contador y docente de la Facultad de Bromatología, con más de dos décadas de trayectoria en la universidad, asumirá como rector acompañado por Mántaras, bioingeniera y docente de la Facultad de Ingeniería. Tras ser proclamado, el rector electo remarcó el carácter democrático del proceso: “La UNER confía en estos procesos y entiende que son clave para seguir construyéndola entre todos”. La nueva conducción no evitó el contexto: Arbelo advirtió sobre la situación que atraviesan las universidades públicas y convocó a la comunidad a participar de la Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo, en defensa del sistema educativo. Además, planteó como ejes de gestión la innovación curricular y el seguimiento de las trayectorias estudiantiles, con foco en fortalecer el vínculo de la universidad con el territorio entrerriano. Por su parte, Mántaras fue directa al describir el escenario: “Estamos transitando uno de los momentos más difíciles de la Universidad Pública Argentina”. La vicerrectora electa también destacó el valor del cogobierno y la participación como pilares históricos de la institución. El rector saliente, Andrés Sabella, cerró su ciclo iniciado en 2018 destacando el crecimiento institucional y el rol de la universidad en el desarrollo regional. La asunción formal de las nuevas autoridades será el 11 de mayo en Concepción del Uruguay.
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“Crisis, leyes incumplidas y un país al límite”. La diputada Blanca Osuna trazó un diagnóstico durísimo sobre la situación nacional y provincial, con foco en la discapacidad, la crisis social y el funcionamiento del Gobierno. Denunció que el Ejecutivo impulsa cambios en la ley de discapacidad mientras no cumple normas vigentes, incluso aquellas que fueron aprobadas por el Congreso y avaladas por la Justicia. En ese marco, advirtió que el nuevo esquema podría dejar a personas con discapacidad sin pensión si acceden a un trabajo, lo que —según planteó— implica un retroceso en derechos básicos y en la dignidad. También cuestionó los procesos de control sobre beneficiarios, recordando antecedentes de auditorías irregulares que afectaron a personas vulnerables, y alertó sobre un sistema que, lejos de ordenar, profundiza la incertidumbre y la exclusión. El análisis se amplió a un escenario más general: problemas en PAMI, ANSES, caída en prestaciones y un deterioro sostenido de las condiciones de vida. “El panorama es grave”, sintetizó. En lo institucional, anticipó un fuerte cruce en el Congreso con el informe del jefe de Gabinete, que llega en un contexto cargado de cuestionamientos y miles de preguntas acumuladas. Además, criticó el rol del presidente Javier Milei, al que acusó de estar desconectado de la realidad cotidiana y concentrado en una agenda alejada de las necesidades del país. A nivel provincial, describió una crisis profunda en Entre Ríos, con comedores escolares desbordados, falta de docentes, demoras en recursos y ausencia de obras. Según remarcó, la situación social ya se refleja en el día a día de las escuelas y las familias. En ese contexto, advirtió que el país atraviesa un momento delicado, con tensiones que —según su mirada— ponen en riesgo el funcionamiento del sistema democrático. También cuestionó al gobierno provincial de Rogelio Frigerio por no avanzar con firmeza en el reclamo de recursos nacionales. Pese al escenario crítico, sostuvo que la situación puede revertirse, pero solo con un cambio de rumbo que priorice la gestión, la presencia del Estado y la resolución concreta de los problemas más urgentes.
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“Infancias captadas por el narco, comedores desbordados y un Estado ausente”. La referente de Suma de Voluntades, Anabella Albornoz, expuso un cuadro crítico de la realidad social en Paraná y el país: más hambre, más chicos en riesgo y organizaciones al límite. Con más de 16 años de trabajo en territorio, advirtió que hoy sostener la ayuda social es cada vez más difícil. La demanda se disparó y ya están asistiendo más de 12.000 platos de comida al mes y miles de tazas de leche por semana, en un contexto donde los recursos no alcanzan y todo se sostiene con donaciones y voluntariado. Denunció un crecimiento fuerte del consumo de drogas en chicos cada vez más jóvenes y una realidad que golpea de frente: niños utilizados por el narcotráfico como mano de obra barata. Advirtió que hay chicos que consumen para “no sentir hambre, frío ni dolor”, reflejando un nivel de vulnerabilidad extremo. Además, señaló que el sistema está colapsado: falta de espacios de contención, centros de tratamiento sin financiamiento, programas como Sedronar con atrasos, escasas herramientas para abordar adicciones. En paralelo, cuestionó los datos oficiales sobre personas en situación de calle y aseguró que la realidad es mucho más grave, con una gran cantidad de personas en condiciones precarias e inestables que ni siquiera entran en las estadísticas. También alertó sobre un problema estructural: la falta de articulación entre el Estado y las organizaciones. Mientras el narcotráfico opera de forma organizada, la respuesta social llega fragmentada y tarde. En ese marco, planteó que las políticas actuales están fallando: se actúa sobre las consecuencias (delito, consumo, cárcel), pero no sobre las causas. Incluso advirtió que medidas como la baja de imputabilidad evidencian el fracaso de las políticas sociales. Sobre la ley de salud mental, sostuvo que tiene buenas intenciones pero es inaplicable en la práctica, lo que termina empujando a muchos jóvenes a la calle o al sistema penal. Más pobreza, más exclusión y una economía ilegal que empieza a dar contención donde el Estado no llega. Frente a esto, reclamó políticas integrales, sostenidas en el tiempo y construidas con la comunidad, con un eje claro: prevenir antes que llegar tarde.
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