AJER rechazó el proyecto para derogar la ley de enganche salarial y declaró el estado de alerta. El secretario general, José María Segura, cuestionó con dureza la iniciativa presentada en la Cámara de Diputados de Entre Ríos para derogar el régimen de actualización salarial de los trabajadores judiciales. En diálogo con el programa GPS, por Radio UNER, sostuvo que la medida podría generar un conflicto institucional “absolutamente innecesario” y defendió el mecanismo como una garantía de independencia del Poder Judicial. El debate por la denominada ley de enganche salarial del Poder Judicial sumó en las últimas horas una fuerte reacción del gremio que representa a los trabajadores judiciales. La iniciativa impulsada por las diputadas Salinas y Taborda propone eliminar el mecanismo que vincula las actualizaciones salariales de la Justicia entrerriana con los incrementos establecidos en el ámbito de la Justicia nacional. “La ley salarial del Poder Judicial es una herramienta puesta en práctica de un principio constitucional, que es el principio de independencia de los poderes”, sostuvo Segura durante la entrevista. El dirigente gremial explicó que el mecanismo de actualización automática permite evitar que el Poder Judicial tenga que negociar periódicamente sus salarios con cada gobierno provincial. “No está obligado el Poder Judicial a sentarse con cada gobierno de turno”, remarcó. Segura también rechazó los argumentos que presentan al sistema como un beneficio salarial excepcional. En ese sentido, sostuvo que las mejoras obtenidas por los trabajadores no pueden ser consideradas privilegios. “Ninguna conquista de los trabajadores en relación a sus salarios son privilegios”, afirmó, y mencionó como ejemplos las condiciones salariales alcanzadas por distintos sectores como los petroleros, bancarios y aceiteros. “Intentar derogar esta ley es absolutamente innecesario, va a generar un conflicto institucional”, sostuvo el secretario general del gremio. Además, cuestionó el argumento de que la provincia queda condicionada por las decisiones nacionales. Según explicó, el sistema no implica que la Nación determine directamente los salarios de los trabajadores judiciales entrerrianos, sino que establece la utilización de un índice de actualización. “No es que lo determina la Nación. En realidad es la aplicación de un índice”, explicó. Ante el avance del proyecto en la Cámara de Diputados, Segura confirmó que el gremio decidió adoptar una postura de mayor confrontación. “Estamos por dar a conocer una declaración estableciendo el estado de alerta y movilización”. De esta manera, el conflicto por la ley de enganche salarial comienza a instalarse como una nueva discusión entre el Poder Legislativo, el Gobierno provincial y los trabajadores judiciales, mientras AJER anticipa que permanecerá en estado de alerta y movilización frente al avance de la iniciativa.