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«La ciudadanía tiene el control del proceso electoral: buscamos personas comprometidas y sin afiliación política».Dra. Narubi Godoy – Prosecretaria Electoral del Distrito Entre Ríos La Dra. Narubi Godoy explicó en el programa GPS de Radio UNER que ya está abierta la inscripción para quienes deseen postularse como autoridades de mesa de cara a las elecciones legislativas de 2025. Podrán hacerlo de forma presencial en la sede de la Secretaría Electoral Nacional (Urquiza 840, Paraná) o en cualquier oficina del Correo Argentino, y también de manera virtual en el sitio web de la Cámara Nacional Electoral. Godoy aclaró que inscribirse no garantiza la designación, ya que se evalúan requisitos como no estar afiliado a ningún partido político, condición excluyente: “Buscamos ciudadanos comprometidos, pero sin militancia partidaria. Es fundamental para garantizar la transparencia del proceso”. Además, recordó que la notificación oficial llega por correo postal. Sobre el nuevo sistema de votación, detalló que se utilizará boleta única papel, donde toda la oferta electoral aparece en un mismo documento: “El elector marca su opción, dobla la boleta por la línea de puntos y la deposita en la urna. Ya no se utiliza sobre”. También se reemplazarán los cuartos oscuros por cabinas de votación, lo que optimiza espacio y dinamiza la jornada. Señaló que más de 8.500 personas participaron como autoridades en 2023, y que este año se sumarán unas 45 a 50 mesas más. Confirmó además que se brindarán capacitaciones obligatorias para quienes sean designados, y que se sumarán universidades públicas al proceso formativo. Sobre la compensación económica, indicó que aún no está definido el monto, pero que se prevé un pago tanto por el día de trabajo como por la capacitación. Godoy cerró destacando el valor del sistema: “En nuestro país, el control lo tiene la ciudadanía. Por eso es importante que quienes integran las mesas lo hagan con compromiso y responsabilidad”.
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“Nos dan 25 mil pesos en negro y dicen que es un logro. Es inconstitucional, es una burla”. Juana Ávalos, presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de ATE, cuestionó con dureza el acuerdo paritario alcanzado entre los gremios estatales y el gobierno provincial. “Nos quieren hacer creer que 25 mil pesos en negro para los jubilados es algo positivo. Es una tomada de pelo”, afirmó. Si bien reconoció que “algo es algo”, fue clara: “con eso comprás dos paquetes de yerba y nada más”. Criticó que el bono no sea remunerativo: “Es inconstitucional, no va ni a la caja ni a la obra social. Es un desfinanciamiento total”. También lamentó la falta de consideración por parte del gobierno hacia los jubilados: “No estamos en su parámetro. No nos tienen en cuenta”. Sobre el funcionamiento de la nueva obra social OSER, dijo que no se han visto mejoras y denunció aumentos en medicamentos: “Antes pagábamos 40 mil pesos, ahora salen 90. El porcentaje que cubre la obra social se achicó mucho”. Además, agregó que “la telemedicina la maneja el primo del gobernador. Está todo armado para ellos”. “Nos sacaron la obra social para que la manejen ellos. Esperemos que al menos funcione”, dijo con ironía. Y advirtió: “La gente viene a pedir ayuda para pagar la luz, para comprar remedios, para comer. No podemos seguir así”. A pesar de todo, sostuvo: “Vamos a seguir luchando, aunque sea para que en septiembre nos escuchen de nuevo. Agarramos lo que nos dan antes que no nos den nada, pero no podemos callarnos”.
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Hay 45 damnificados y pruebas contundentes: esto no fue un error, fue una estafa organizada”. El abogado Franco Azziani Canepa, representante legal de al menos 15 personas damnificadas, denunció una estafa organizada presuntamente cometida por una mujer que ofrecía viajes turísticos que nunca se concretaron. Según el letrado, se trata de un “modus operandi repetido” que no afecta solamente al último viaje cancelado a Mendoza, sino también a otros ofrecidos anteriormente, como a Merlo (San Luis) y Carlos Paz. Confirmó que ya son entre 40 y 45 los damnificados, y que cada persona habría pagado en promedio 400 mil pesos, en algunos casos en cuotas y en otros al contado. La suma total de lo estafado rondaría los 18 millones de pesos. “Me he reunido con 15 personas, pero el número total sería mucho mayor. Este no fue un hecho aislado, fue una secuencia de viajes no concretados con excusas débiles y sin devolución de dinero”, sostuvo el abogado. En los últimos días, la policía allanó el domicilio de la denunciada y secuestró cuadernos personales, celulares, recibos y dinero, aunque Azziani aclaró que el monto encontrado está muy lejos del total supuestamente estafado. “El material más importante son los celulares y los cuadernos. Toda la operatoria fue por teléfono. Si se peritan los dispositivos, se podrá reconstruir todo el recorrido del engaño”, explicó. Consultado sobre la posible estrategia judicial de la acusada, quien anunció públicamente su intención de devolver el dinero, el abogado aclaró que el resarcimiento económico no exime de responsabilidad penal, especialmente en un caso de esta magnitud: “No todas las estafas son iguales. Una cosa es un reclamo con dos damnificados, y otra muy distinta es un fraude con 45 personas. La reparación económica no borra el delito”, enfatizó. También desestimó las explicaciones brindadas por la denunciada, quien alegó problemas de salud para justificar la cancelación de los viajes: “Ni siquiera estaban contratados los colectivos. ¿Cómo vamos a hablar de hospedajes o excursiones si no había lo básico, que es el transporte? Eso demuestra que no había intención alguna de cumplir con el servicio”. Sobre el perfil de la denunciada, indicó que algunos damnificados la conocían por viajes anteriores que se habían cumplido parcialmente o con condiciones mínimas, lo cual generó una falsa confianza. Sin embargo, los últimos ofrecimientos ya no tenían precios tan bajos ni garantías mínimas de cumplimiento. Por el momento, no hay audiencias confirmadas, ya que el caso se encuentra en etapa de recolección de pruebas y en pleno receso judicial. Se espera que en la próxima semana, una vez terminada la feria, se avance con más medidas procesales. “Este no es un caso menor. La cantidad de víctimas, el volumen económico y las pruebas recolectadas demuestran una estructura organizada para defraudar. Y eso es lo que vamos a probar en sede judicial”, concluyó Azziani Canepa.
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