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“Adicionales fantasmas y jefes en silencio: hace años que se cobran servicios que no se realizan”. Alfredo Fabián Bassín, representante de la asociación Apropoler, expuso con crudeza en una entrevista con el programa GPS de las radios de la UNER lo que definió como una práctica histórica dentro de la Policía de Entre Ríos: el cobro de servicios adicionales que nunca se realizan. “Esto no es nuevo. Siempre pasó. La diferencia es que ahora alguien se animó a denunciarlo”, sostuvo. Según explicó, hay un decreto —el 1239— que regula los adicionales, estableciendo que deben hacerse en franco de servicio y de manera voluntaria. Sin embargo, afirmó que la norma es violada sistemáticamente, con agentes que figuran cumpliendo adicionales tras jornadas de 24 horas, y sin descanso, lo cual es “un riesgo para la vida de terceros”. “La plata se reparte entre los mismos de siempre. Hay agentes que no hacen un solo servicio, y otros que aparecen cobrando millones. Esto no pasa solo por un policía que hizo trampa: pasa por muchas manos, hay alguien que firma, que autoriza, que paga”, explicó, apuntando a la Dirección de Operaciones, a Logística y a la cúpula misma. Bassín dejó claro que no se trata de un caso aislado: “Esto sucede desde hace años. Cuando alguien denuncia, lo sancionan o lo trasladan. Por eso muchos callan. La cúpula lo sabe. Se hacen los sordos. Miran para otro lado”. También fue durísimo con el ministro Néstor Roncaglia, a quien acusó de “desastroso” en lo laboral. “No se pronuncia por nada. Ni por la obra social, ni por los sueldos. Nos seguimos atendiendo mal, con una salud que da vergüenza, y con salarios que no alcanzan para nada”. Relató situaciones extremas, como policías que “viven en villas, compartiendo pasillos con los mismos delincuentes que deben combatir” y alertó que el vínculo entre fuerzas de seguridad y narcotráfico se vuelve inevitable en ese contexto. También denunció que “hay test que arrojan resultados desfavorables en personal del Servicio Penitenciario”. Y remató: “Dicen que somos la mejor policía del país, pero eso no se ve en el sueldo. Hay un doble discurso. Si compran un patrullero, hacen conferencia de prensa. Pero cuando estalla un escándalo, se esconden todos”.
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“Vivimos bajo amenaza latente aunque no haya alerta oficial”. Ante la escalada del conflicto entre Israel e Irán, que ya tuvo repercusiones con ataques en Medio Oriente y una base estadounidense en Qatar, Pablo Soskin explicó que si bien en Argentina no hay una alerta específica, las comunidades judías viven bajo protocolos de seguridad permanentes. “No estamos ajenos, ya sufrimos dos atentados y eso cambió nuestra forma de vivir. Mis hijos crecieron con medidas de seguridad que antes no existían”, lamentó. Soskin contó que la DAIA nacional trabaja coordinadamente con los ministerios de Seguridad nacional y provinciales, y que en Entre Ríos se refuerzan controles según el contexto local. También mencionó que existen medidas especiales en los accesos al país, dado el riesgo de infiltración de personas vinculadas con el terrorismo desde países aliados de Irán, como Bolivia o Venezuela. En cuanto al posicionamiento del presidente Javier Milei, dijo que “fue claro desde el principio, eligió estar del lado de la democracia, de Occidente, junto a Israel y Estados Unidos”. Remarcó que como institución, la DAIA no toma partido en decisiones geopolíticas del gobierno argentino, pero sí observan con atención los vínculos internacionales que podrían afectar la seguridad de las comunidades judías. Sobre la raíz del conflicto, fue contundente: “No es una guerra por tierras o petróleo. Es un odio religioso. Irán no comparte frontera con Israel, pero financia grupos terroristas para atacarlo. El problema es que no buscan un interés económico, buscan destruir al otro por lo que representa”. Finalmente, pidió tranquilidad a la sociedad pero sin ingenuidad: “No hay una amenaza concreta, pero siempre estamos en riesgo porque Argentina tiene una de las comunidades judías más grandes del mundo. No podemos vivir como si nada pasara”.
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“Cuatro muertos, cero presos: la justicia de Entre Ríos le firmó permisos al acusado, le dio la espalda a las madres y protegió al homicida con jueces amigos que siguen cobrando su sueldo”. A un año del trágico accidente vial en el que murieron cuatro jóvenes en San Justo, Lorena Dubini, mamá de Brian y Lucas Izaguirre, dos de las víctimas fatales, denunció públicamente las demoras, irregularidades y privilegios que rodean la causa que involucra al exfuncionario Juan Ruiz Orrico. Fue contundente al señalar que la justicia entrerriana actuó con lentitud, encubrimiento y corrupción. Él nunca estuvo preso. A los jueces les importó más protegerlo que a nuestros hijos». Explicó que la causa ya fue elevada a juicio pero con una carátula que considera irrisoria: homicidio culposo, con una pena de entre 3 y 6 años. “Por matar a cuatro gurises, alcoholizado, a alta velocidad y con un vehículo del Estado, no puede ser que la pena sea esa. Es una burla. Tiene que ser homicidio con dolo eventual, con condenas de hasta 25 años”. Denunció que en la causa ya se excusaron 11 jueces, muchos de ellos por vínculos personales o familiares con el acusado. “Si se excusás por ser amigo del homicida, no estás capacitado para ser juez. Pero igual cobran su sueldo a fin de mes. Acá no hay justicia, hay impunidad”. También apuntó al fiscal Eduardo Santos, que no acompañó el pedido de cambio de carátula. “Le pedí hablar de madre a fiscal. Me dijo que si lo condenan a seis años y hubiera estado preso, se le descontarían. Pero él nunca estuvo preso. Es evidente que a la justicia la ganó la corrupción”. Sobre Ruiz Orrico, confirmó que ni él ni sus abogados se presentaron nunca en persona a las audiencias, a pesar de vivir muy cerca del lugar. “Yo me fui en moto hasta Concepción del Uruguay, él con todos los medios fue por Zoom. Está en libertad total”. Según relató, las únicas medidas que tiene el acusado son la retención del carnet de conducir, la obligación de presentarse una vez por semana en fiscalía y la necesidad de pedir permiso para salir de la provincia, permisos que se le siguen autorizando. También reveló que recibieron un ofrecimiento de dinero para cerrar un juicio abreviado: “La vida de un hijo no tiene precio. Quiero que vaya preso 15 años. No aceptamos nada”. En cuanto a lo judicial, informó que el juez designado para la causa es Darío Crespo, de Gualeguaychú, y que el pedido central sigue siendo el cambio de carátula y que se fije la fecha del juicio. Aún no se sabe dónde se realizará, aunque el juicio civil fue planteado en Paraná para garantizar imparcialidad. Sobre sus hijos, recordó entre lágrimas que Brian tenía 31 años, era árbitro federal, y Lucas 26, papá de un nene de 7 años. “Mi casa está en silencio. Ellos salieron a trabajar, y yo todavía espero que vuelvan. Me atraviesa el alma”, expresó. “La justicia es un derecho, y nos lo están negando. Que levanten la voz, nadie está exento de esto”.
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